Infraestructura urgente para un país más limpio

Pedro Palominos
Consejero del CPI

La gestión de residuos sólidos domiciliarios en Chile enfrenta un desafío crítico que impacta el medio ambiente, la salud y calidad de vida de millones de personas. Según el último informe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), en 2022 el país generó más de ocho millones de toneladas de residuos domiciliarios y similares.

La falta de infraestructura adecuada para su disposición y tratamiento compromete la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las comunidades, especialmente en regiones donde la recolección y disposición final son insuficientes o inexistentes.

Aunque en el país, el 86% de los residuos generados se deposita en instalaciones que cumplen con el Decreto Supremo N° 189, el 14% restante termina en vertederos y basurales irregulares. Estos sitios, lejos de ser una solución, se convierten en focos de contaminación que perjudican la salud pública en las comunidades cercanas.

Además, en los vertederos y basurales se generan emisiones de metano, un gas con un gran impacto en el cambio climático, debido a la descomposición de residuos orgánicos (que representan entre el 30% y el 50% de los residuos).

En las regiones extremas o rurales, la situación es crítica. La falta de depósitos adecuados obliga a las autoridades locales a adoptar soluciones temporales y a menudo ineficientes. Por ejemplo, en la Región de La Araucanía, la mitad de los desechos se transporta a la Región del Biobío, donde se dispone en un vertedero en Mulchén y un relleno sanitario en Los Ángeles. Otro caso es el de la Municipalidad de Ancud, cuyos camiones recorren más de 1.200 kilómetros para llevar sus residuos hasta a un relleno sanitario también en Los Ángeles.

Esta crisis sanitaria y ambiental se agrava año tras año, y plantea la necesidad de una política nacional que promueva la construcción y modernización de instalaciones de disposición final, con una prioridad en la protección de la salud pública. Los rellenos sanitarios, que actualmente representan solo el 33% de los sitios de disposición, necesitan ser ampliados y equipados con tecnología que minimice sus impactos.

La planificación a nivel nacional debe incluir también infraestructuras para la valorización de residuos, como plantas de reciclaje y centros de compostaje que permitan transformar los residuos en recursos útiles. Estas instalaciones generan beneficios económicos y sociales para las comunidades al crear empleos y fomentar una economía circular.

El éxito de cualquier infraestructura de gestión de residuos depende, en gran medida, del compromiso de la ciudadanía. La separación de residuos en el hogar y el reciclaje son prácticas que deben integrarse en la vida cotidiana de cada ciudadano para que el sistema funcione eficazmente. Las políticas públicas deben estar acompañadas de campañas de sensibilización y educación ambiental.

Finalmente, Chile necesita un cambio estructural en su modelo de gestión de residuos para proteger la salud pública, mejorar la calidad de vida de su población y promover un desarrollo sostenible. Con un esfuerzo conjunto entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía, podemos avanzar hacia un modelo de economía circular, para un país seguro y saludable. Invertir en la gestión de residuos es invertir en la calidad de vida de sus habitantes; una responsabilidad compartida que puede ser una fuente de bienestar para todos.