Rodrigo Castillo Jofré
Abogado. Magíster en Derecho Público.
Colectiva – Justicia en DD..HH.

La aprobación de una acusación constitucional contra un ministro de la Corte Suprema es un hecho excepcionalísimo en nuestra historia. La última vez que esto ocurriera fue en 1992, respecto del ministro Hernán Cereceda. Desde entonces, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz se transforman en los primeros jueces sobre los cuales se aprueba una acusación de este tipo. La razón es clara: en un Estado de Derecho con efectiva independencia del Poder Judicial, estos mecanismos deben utilizarse con cautela, ciñéndose a la causal constitucional (notable abandono de deberes) y al procedimiento aplicable, cuidando que esta no se transforme en una revisión de los contenidos de las resoluciones de los jueces. Pero nada de ello ocurrió en la reciente acusación del ministro Sergio Muñoz.

Esto porque se aprovechó mañosamente por los parlamentarios la existencia de hechos a raíz del Caso Hermosilla y su red de influencias en el Poder Judicial y la política, que involucraba a los ministros Vivanco y Matus, para reimpulsar una acusación por hechos distintos, vagamente descritos y no comprobados respecto de Sergio Muñoz, forzando un aparente “empate político”. Luego, se realiza una votación amarrada respecto de Vivanco y Muñoz, hecho inédito al tratarse de acusaciones realizadas con hechos y fundamentos acusatorios diferentes. Y además, enfocando la argumentación en hechos en nada relacionados a la acusación presentada, sino más bien en su rol como ministro y el contenido de sus sentencias, bajo una difusa acusación de “activismo” difundida también por la prensa.

La situación descrita es un precedente riesgoso para el rol del Poder Judicial, en base al cual puede suponer encontrarse bajo escrutinio en el contenido de sus sentencias por parte de un órgano político, en temas de alto interés social. Los mismos parlamentarios que hace algunos años expresaban su preocupación por las supuestas intromisiones a la independencia judicial en los proyectos de nueva constitución, hoy no tienen vergüenza en incurrir en este comportamiento para neutralizar los efectos del caso Hermosilla y de paso deshacerse de un juez incómodo. Para ellos, como rezara el tango de Santos Discépolo: “Es lo mismo el que labura, noche y día como un buey que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura, o está fuera de la ley.” Es el cambalache decadente de nuestras instituciones, cuya crisis se hizo evidente hace 5 años y que parece no tener señales de tocar fondo.