Sergio Escobar Miranda
Integrante del Centro de Estudios Europeos UdeC

Se ha presentado al Congreso el Presupuesto 2025. Asunto importante.

Sobre el crecimiento económico, la estimación oficial es que será de 2,7% el 2025. ¿Qué pasa si no se cumple? Como nadie explica las desviaciones pareciera que no pasa nada, aunque los efectos en los ingresos son enormes. De hecho para este 2024 se anunció un crecimiento económico de 2,6% que probablemente no se logre, porque para ello se requeriría que este último trimestre el crecimiento sea de 3,5%.

Los ingresos fiscales se incrementarían en 8,5%, en la propuesta, lo que es discutible, porque el rendimiento de la reciente ley de cumplimiento tributario sería mucho menor que lo previsto (FMI dice que recaudará un tercio de lo que prometió). Asimismo, los ingresos por el litio deben ser menores dado su actual precio de tendencia. Otra incógnita es el precio del cobre, que atraviesa un buen momento pero es muy volátil -y dada la menor producción de Codelco-.

Otro aspecto a considerar es la calidad del gasto público. Recordar que los traspasos a fundaciones (Democracia Viva, ProCultura, etc.) significó dilapidar recursos por más de $ 70.000 millones y tuvo un fuerte incentivo desde el propio nivel central al instruir “apurar” el gasto (traspaso a fundaciones) para “ejecutar” el presupuesto. Sin entrar en el escándalo, esto significa gastar mal, porque no se llegó a quienes estaba destinado, sino a quienes se los robaron.

Por otra parte la propia Dirección de Presupuestos lleva años haciendo evaluaciones técnicas de los programas sociales que reciben fondos públicos. Los resultados han sido malos. Libertad y Desarrollo publicó (2020) un análisis de los programas evaluados de los 10 años previos que, como muestra, estableció que 90 programas a los que se asignó dos tercios (66%) de los recursos (US $ 6.641 millones) eran insuficientes (categoría más baja). Más grave aún es que dichos programas tenían más de 11 años de antigüedad promedio. O sea, se gasta mal y seguido. Y según datos del FMI, cerca de un 30 % del gasto total del gobierno chileno corresponde a burocracia.

El poder legislativo que se encarga de aprobar leyes, incluida la de presupuesto, podría ser el que evalúe la eficiencia del gasto en cada reforma tributaria que vayan a aprobar y en cada nueva discusión del presupuesto anual. O al menos que Hacienda implemente revisiones periódicas del gasto social como proceso institucionalizado para identificar opciones para reducirlos o redirigirlos (más de dos tercios de los países miembros de la OCDE las llevan a cabo…).

Resulta clave entender y exigir que no se trata de tener más recursos para gastar si no de hacerlo bien, focalizada y eficientemente para lograr un mejor vivir de quienes son sus destinatarios.