Sindy Salazar Pincheira
Abogada Colectiva Justicia en Derechos Humanos

¿Cómo califica nuestra justicia que una élite de este país conserve privilegios, incluso en la cárcel? El caso de Leonarda Villalobos, imputada del “Caso Hermosilla”, nos hace cuestionar el trato diferenciado que reciben ciertos imputados por el simple hecho de ser parte de un grupo privilegiado. Mientras Luis Hermosilla cumple prisión preventiva en el exclusivo Capitán Yáber, (lugar que alberga a quienes cometen delitos económicos), actualmente se plantea la posibilidad de crear un espacio similar para Villalobos, en lugar de que ambos cumplan en cárceles comunes.

Villalobos, al igual que Hermosilla, pertenece a una élite habituada a recibir un trato especial, tanto dentro como fuera de la justicia. Mientras las cárceles en Chile están marcadas por sobrepoblación, violencia y precariedad, imputados de delitos económicos (no todos, ciertamente) tienen el privilegio de ser recibidos en recintos que garantizan su seguridad y comodidad. Sin embargo, en lugar de cuestionar la existencia de estos espacios de privilegio, el debate actual ha girado en torno a si las mujeres de élite, como Villalobos, también merecen un Capitán Yáber para ellas. Este enfoque perpetúa una lógica perversa: en lugar de mejorar las condiciones penitenciarias para todas las personas, se sigue priorizando a unos pocos.

Claramente el problema no es que Villalobos pida mejores condiciones, sino que la solución propuesta no es garantizar un trato digno y justo para todas las mujeres privadas de libertad. Las mujeres en las cárceles chilenas enfrentan diariamente situaciones de riesgo: carecen de acceso a servicios básicos, incluido productos de higiene menstrual y son invisibilizadas por un sistema que no fue diseñado para protegerlas. Mientras tanto, el Estado parece dispuesto a extender estos beneficios solo a quienes pueden movilizar poder e influencia.