Dra. Claudia Troncoso Pantoja
Nutricionista
Investigadora asociada CIEDE-UCSC.

La educación es un derecho humano en todas las trayectorias vitales. Sin embargo, uno de los grupos humanos más postergados en su comprensión y aplicación son las personas mayores. Este 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de los Adultos Mayores donde en esta etapa de la trayectoria vital, la educación responde a los principios de la andragogía, enseñanza destinada a personas adultas y también mayores; desde un enfoque de derechos, la formación debe ser universal, indivisible, no discriminatoria, participativa y desarrollada en igualdad.

En esta línea, las Naciones Unidas refieren que el enfoque de derechos promueve, protege y hace justicia a este grupo de personas, corrigiendo desigualdades, prácticas discriminatorias y distribuciones injustas del poder.

En Chile, la Ley 20.370 en el Artículo 2, refuerza el respeto y valoración de la educación como un derecho humano, definiéndose como un proceso de aprendizaje permanente durante las diversas trayectorias vitales, con el fin de alcanzar un desarrollo espiritual, moral, ético, afectivo, cognitivo, físico y artístico.

A lo anterior, Chile es país firmante en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, lo que le obliga en su artículo 20, a disponer de políticas, planes y programas educativos que reconozcan sus derechos. El país se ha esforzado por dar respuesta a estas necesidades, pero estas buenas intenciones se diluyen en la falta de seguimiento y en especial, de evaluación de sus programas, potenciado por el hecho de que, en el imaginario colectivo, no se visualiza la necesidad de instancias de formación educacional para personas mayores de 60 años.

¿Existe en Chile educación destinada a personas mayores desde un enfoque de derechos? Se debe responder de manera positiva a esta interrogante, ya que se presentan experiencias de educación, generalmente ligadas a la academia. En el país, hay una limitación de esta actividad principalmente por el costo económico. Sin caer en la desesperanza, son necesarias políticas públicas a largo plazo, inclusivas y de calidad, que aporten al bienestar de personas mayores a través del desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje que puedan aportar al conocimiento y a la salud cognitiva de personas mayores, si es que estos últimos quieren participar de estas instancias educativas, así respetamos el enfoque de derechos.