El capitolio de los Padres Fundadores

Valeska Benavides
Abogada Coordinadora CEE

Como en una película de Nolan, las elecciones del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos han estado llenas de giros dramáticos e inesperados. Desde el controvertido debate del 28 de junio, que generó dudas sobre la salud de Joe Biden y lo llevó a bajar su candidatura, hasta el intento de asesinato de Donald Trump en Pensilvania y el suspenso en el partido demócrata para consensuar un candidato. Lo cierto, es que estos comicios no han estado exentos de polémica.

Kamala Harris, la actual vicepresidenta, es la candidata del Partido Demócrata. Aunque las encuestas preliminares le otorgan una ventaja, la historia nos ha enseñado que esto no es garantía de triunfo. Esta semana, la atención se ha centrado en acordar y concretar el primer debate entre ambos candidatos, con discusiones sobre si se utilizará micrófono abierto o cerrado. Pero, también ha habido avances significativos en un caso que, a mi juicio, es uno de los más graves para quien aspire a ocupar el cargo más alto en Estados Unidos: las acusaciones de sedición relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Este martes, el fiscal especial presentó una nueva acta de acusación ajustando las alegaciones al dictamen de la Corte Suprema, que reconoció inmunidad parcial para los actos oficiales de Trump como presidente, pero no para sus acciones como candidato. Se mantienen los cuatro cargos en su contra, incluyendo conspiración para obstruir un procedimiento oficial. Sin embargo, las imputaciones relacionadas con sus planes de subversión electoral se centran ahora en sus acciones como candidato y no como presidente.

La Corte concluyó que “un expresidente tiene derecho a inmunidad absoluta frente a un proceso penal por acciones dentro de su autoridad constitucional”, pero aclaró que “no hay inmunidad para actos no oficiales”. Una inmunidad total respecto a los actos realizados durante su mandato habría derribado el caso, pero el fallo es ambiguo, lo que obliga a las cortes inferiores a determinar con mayor precisión qué actos son oficiales y cuáles no.

El asalto a uno de los símbolos de nacimiento de la nación, emblema de los padres fundadores, instigado por el candidato de un partido que se presenta como defensor de los valores patrios, seguirá siendo objeto de estudio. El cargo y la investidura de una persona no deben eximirlo de responsabilidad por atentar contra la democracia en nombre de la democracia.