Otra mirada del caso Isabel Amor

La ley de alta dirección pública, al alero del anhelado principio de modernización del Estado, vino a reforzar el procedimiento de selección de profesionales a cargo de la dirección de servicios.

Cambia el ingreso a los principales cargos directivos de Estado, incorporando el concepto de transparencia en la gestión pública y la forma de designación a través de concursos públicos. En sencillo, buscaba evitar las “designaciones a dedos” y premunir de estos cargos de personas con habilidades y competencias acreditadas, y previamente revisadas.

El ADP es un proceso riguroso, conformado por varias etapas, en el que se revisan exhaustivamente, los antecedentes personales, académicos, profesionales, laborales, psicológicos entre otros.

Con esto se buscan profesionales calificados, apunta a la estabilidad de la función pública, en atención a lo relevante que es la continuidad de la dirección y la importancia que tienen el desarrollo en el tiempo de estas labores. Sin embargo, la ley le otorga a la autoridad facultada para disponer del nombramiento, la posibilidad de invocar la “pérdida de confianza” que requiere ser fundada, justificada y en algunos casos ha debido ser probada, para que la autoridad deje de ejercer la función para la que fue seleccionada.

Este Gobierno ha sido el que más jefe de servicios designados por ADP ha despedido, en efecto en los primeros ocho meses la

desvinculación de directivos de primer nivel  fue de un 52,7%,

En todos estos casos, lo más probable es que se haya esgrimido la misma razón “pérdida de confianza”, pero quien sabe de qué ámbito de la confianza se invoca la causal. Esa misma causal ha sido la que ha desatado la polémica del caso Isabel Amor, quien fue removida de un cargo obtenido a través del sistema de alta dirección pública, dos días después de haber sido ratificada como director regional de Sernmeg en Los Ríos.

Mucho se ha dicho sobre los motivos, lo que dijo, lo que no dijo, lo que omitió y lo que no. Sin embargo, quiero colocar el punto en los recursos económicos, que para el Estado de Chile tiene, adoptar estas decisiones basadas principalmente, en la “idoneidad política” más que en la “idoneidad profesional”. En la práctica, el costo de estas decisiones las debemos asumir todos los chilenos para financiar al
Servicio de Alta Dirección Pública, a sus autoridades, funcionarios ya todas las etapas que ella lleva consigo. En momentos, en que se debate un “pacto fiscal” que quiere disponer de más recursos para poder sacar adelante la inversión y llevar adelante proyectos y políticas públicas, fundamentalmente sobre seguridad, vale la pena preguntarse si ¿no será mejor, dejar que opere la institucionalidad y prime la “idoneidad profesional” para no malgastar arbitrariamente recursos públicos?