Daniela Dresdner V.
Delegada Presidencial del Biobío
En el Siglo XX hubo una decisión de Estado de invertir y desarrollar la industria manufacturera en la Región del Biobío, Corfo invirtió en levantar empresas, como Huachipato, porque había una apuesta por la matriz productiva. Sin embargo, esa impronta regional ha venido deconstruyéndose por décadas: como ocurrió con las minas del carbón, las textiles, las loceras y ahora el acero; sin ninguna decisión de Estado por detenerlo o por modificar el camino de la matriz regional y además sin capacidad de intervenir como una vez hubo.
En la región nos encontramos en un momento crucial. Toda la sociedad civil se encuentra expectante tras el anuncio del cierre definitivo de una de las industrias más emblemáticas de nuestra historia productiva. Como Gobierno hemos estado de parte de las y los trabajadores para de evitar este escenario, hemos utilizado todas las herramientas existentes para hacerlo porque entendemos que desestabiliza el desarrollo, el empleo y la economía de la región, pero la realidad es que ese cierre ocurrirá.
Más allá de la responsabilidad privada o pública, actual o anterior, nuestro deber hoy es tomar las decisiones que por mucho tiempo no se tomaron y proteger a las y los trabajadores que producto de este cierre van a quedar sin trabajo. De esta manera, volvemos a concentrarnos en las posibles salidas de esta situación, con un plan al que nos hemos abocado como una política pública que lidera el ministro de Economía, Nicolás Grau. No obstante, hay una lección que nos queda de este proceso y es algo a lo que hemos emplazado al sector privado: si queremos tener una matriz productiva regional que perdure por muchos años debemos ponernos a trabajar en conjunto, pero debemos hacerlo con claridad y transparencia. No podemos seguir teniendo señales erróneas y difusas, construyamos en conjunto el futuro de la Región, pero que sea pensando en eso y con honestidad.
De esta manera, en nuestro Gobierno creemos que debemos conjugar conceptos como la convicción y la voluntad, que es precisamente lo que necesita nuestra región para superar este momento y proyectar, con una perspectiva estratégica, el futuro de su desarrollo. Tal como hicimos con proyectos tan importantes como el alza del sueldo mínimo, que les entregó dignidad a una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores, o la Ley 40 horas que permite un mayor uso del tiempo libre y mejor calidad de vida para sus familias. Estos logros son posibles porque fuimos capaces de ponernos de acuerdo, de aunar nuestras voluntades y visualizar lo que era mejor para todos.
Este nuevo desafío regional no está exento de la necesidad de estos elementos desde todos los sectores. Con nuestro sector público dispuesto a acelerar y destrabar inversiones que impacten en el empleo y la economía, tal como le hemos hecho con las empresas públicas con asiento regional. Con las y los trabajadores que son capaces de poner toda su experiencia y tesón para generar industrias nuevas y sostenibles. Con las universidades y centros de investigación que son capaces de innovar y desarrollar más y mejores conocimientos para nuevos proyectos. Y por supuesto, con un sector privado que pueda pensar en el largo plazo, en la sustentabilidad de nuevos negocios, pero por sobre todo en la voluntad del diálogo, de la responsabilidad con la región y su desarrollo, del respeto a las comunidades y el entorno; lo que reactivará y proyectará a nuestra Región del Biobío a un futuro más dinámico, más equitativo y por más próspero para todas y todos sus habitantes.