Florencia Alvez Marín
Abogada-Colectiva Justicia en Derechos Humanos

En septiembre de 2018 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial. El proyecto ha generado discusión pública a propósito del nombramiento de Notarios y Conservadores, recordándonos el alto porcentaje de éstos (51% según América Transparente) que tienen algún vínculo de parentesco con autoridades públicas. Esta discusión se agudizó la semana pasada al eliminarse la indicación que proponía la inhabilidad de parientes de parlamentarios para ser nombrados.

El mensaje que acompaña la tramitación de dicho proyecto señala “el sistema notarial y registral que ha regido nuestro país por más de ciento cincuenta años, ha constituido un pilar fundamental de seguridad en el tráfico jurídico y en el registro de bienes raíces y derechos reales constituidos en ellos”.

Para un tema que no suele ser abordado con la seriedad que merece, que no es enseñado ni difundido por los medios, conviene aprovechar el (y cualquier) contexto para abordar la responsabilidad que le cabe a Notarios y Conservadores en el despojo de tierras a los pueblos indígenas en Chile. Especialmente al Pueblo Mapuche.

Revisiones históricas y documentales confirman que dicho despojo se fraguó en gran parte en los despachos de Notarios y Conservadores, y constituye hoy el corazón del conflicto intercultural que desangra territorios. Abundan informes y estudios que lo confirman, algunos realizados incluso por mandato del Estado de Chile. Todos ellos dan cuenta de negocios ilegales, incumplimiento de requisitos, transacciones engañosas, inscripciones fraudulentas desde 1850 en adelante. El Estado ha intentado suplir un abordaje en serio del asunto con medidas asistencialistas que -lo hemos visto- no consiguen acallar las voces que exigen reparar la injusticia del despojo iniciada hace 150 años. Para un pueblo milenario, como el Mapuche, 150 años es ayer. En sus palabras y memoria están los nombres, los lugares, los deslindes de los territorios que les fueron arrebatados.

Valdría la pena que, en momentos en que se discute una ley sobre el sistema notarial y registral, se ejercite la memoria larga, echando luz sobre hechos cuyas consecuencias siguen socavando nuestra convivencia.