Rodrigo Castillo Jofré
Abogado, Magíster en Derecho Público
Colectiva – Justicia en Derechos Humanos

Para cualquiera que haya observado, en los últimos años, el desarrollo de las zonas rurales en Biobío y otras regiones del país, resulta clara la profunda transformación que estas han sufrido en sus características y modos de vida. No solamente por los cambios en las actividades económicas, con el descontrolado avance de la actividad forestal, sino también por la aparición de múltiples núcleos de viviendas en lugares que antes estuvieran escasamente poblados.

Las parcelaciones, especialmente aquellas con fines habitacionales o de veraneo, han pasado a ocupar parte importante del paisaje fuera de las ciudades, y sin perjuicio del atractivo que estas puedan tener para sus propietarios y ocupantes, acarrean también una serie de complicaciones y desafíos para los lugares en que se encuentran emplazadas: de provisión de servicios básicos, como agua potable, saneamiento y electricidad; de accesibilidad y transporte, especialmente en el caso del transporte público, y de aseo y retiro de basura, por nombrar algunos de los más ostensibles. Todo lo anterior, sin considerar además los impactos en el ecosistema de los lugares que se ven intervenidos por estos núcleos de población, sin que aquellos sean debidamente considerados y mitigados al momento de ser construidos. La legislación y procedimientos institucionales que abordan la construcción en áreas rurales, han contribuido, lamentablemente, a que este problema se mantenga sin solución y que, por el contrario, se haya acentuado en los últimos cuarenta años. A las escasas disposiciones y requisitos para la construcción de viviendas en zonas rurales contenidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se suman los efectos de la aplicación del DL 33.516 de 1980, en materia de división de predios rústicos. Algunas medidas de carácter administrativo se han intentado implementar de forma reciente, como la circular del Servicio Agrícola y Ganadero de 2022 para la restricción de estas subdivisiones, han acentuado la tensión por este problema sin resolver.

Esta semana, el Poder Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley al Congreso de “protección del territorio y la vida rural”, que pretende direccionar y abordar de forma más integral los problemas descritos, mediante la creación y regulación de la figura de “Conjuntos Residenciales Rurales”, entre otras propuestas. Es de esperar que nuestros parlamentarios den una discusión seria y oportuna sobre esta materia, tendiendo a fortalecer los términos de protección territorial y ambiental del proyecto, e incorporando en el debate de forma activa a los municipios y organizaciones rurales de las diferentes zonas del país.