Manuel Durán Iligaray
Arquitecto-Expresidente CChC Concepción
Uno de los dilemas de la planificación territorial en el país es que ésta no responde a las actuales exigencias que impone el crecimiento urbano y las necesidades de las ciudades, dificultando su desarrollo; reflexión que hemos propiciado profundamente desde el gremio de la construcción.
En este sentido, hoy más que planificar, estamos regularizando áreas urbanas que ya han crecido sin ningún tipo de orden, de manera que el proceso de planificación llega tarde, impidiendo dar respuesta oportuna a los requerimientos de la población. Un instrumento de planificación territorial supone idear la ciudad hacia el futuro, racionalizando un recurso escaso como es el suelo y reconociendo el carácter social de una urbe que no es propiedad de un solo individuo, sino, de toda una colectividad.
En ese entendido, la planificación urbana exige una permanente actualización que además sea oportuna y eficaz, no pudiendo limitarse a sanear situaciones de hecho ya producidas. Hacer esto no es planificar, sino, improvisar sobre la marcha. Cuando falta esta planificación, se tiende a favorecer la especulación inmobiliaria y la exclusión de los sectores más desfavorecidos, permitiendo el aumento del valor de los suelos por sobre la demanda de espacio urbano. Más aún, limitando las posibilidades reales de los habitantes de adquirir una casa propia.
Por otro lado, la ausencia de una planificación anticipada hace que la ciudad crezca en áreas no aptas para el asentamiento urbano, como zonas con riesgos de inundaciones, dunas o cercanas a zonas con riesgos de incendios forestales, entre otras, así lo demuestran las situaciones que se han dado con los incendios en Valparaíso o los socavones en Viña del Mar.
Lamentablemente, en Chile cada día es más difícil planificar y actualizar los planos reguladores, como consecuencia de los excesivos plazos de sus distintas etapas, algunas de las cuales pueden llegar a extenderse entre cinco a 10 años.
A esto se suma que, terminada la elaboración del proyecto, entre su tramitación y aprobación final, resulta común que se produzcan modificaciones legislativas o normativas, incorporando nuevas exigencias, suponiendo muchas veces retrotraer lo ya hecho para ajustarse a estas regulaciones.
Otros factores que inciden en los tiempos de elaboración son nuevos estudios como las consultas indígenas o la Evaluación Ambiental Extratégica (EAE). Además de la difícil coordinación de los distintos organismos del Estado que participan en dichos estudios. También influyen los cambios de autoridades municipales que son partícipes de este proceso.
Asimismo, la falta de una normativa actualizada que diferencie entre los tipos de planificación urbana que se pretende, simplificando los procesos para ciertos casos, como lo sería una comuna rural con 4 mil habitantes, en contraposición, con una ciudad como Concepción con sus 220 mil habitantes.
Entonces, si queremos que estos instrumentos de planificación urbana sean oportunos y eficaces es necesario un compromiso de las distintas autoridades del país, para asumir como una política de Estado el modernizar los procedimientos de la ordenación urbanística.