Que la protección a humedales no sea letra muerta

Son uno de los ecosistemas que sufren mayor deterioro y degradación.

Estefanía González
Subdirectora de Campañas de Greenpeace

Estuarios, salares, vegas o turberas; lacustres, fluviales o costeros. En sus distintas manifestaciones, se estima que en Chile existen más de 40 mil humedales, los que no sólo son el hábitat de miles de especies, sino que además aportan importantes beneficios a los territorios, cumpliendo el rol de reguladores ante fenómenos extremos al absorber las lluvias, regular las temperaturas e infiltrar las napas subterráneas, por ejemplo.

Pese a ello, son uno de los ecosistemas que sufren mayor deterioro y degradación; de hecho, en los últimos 50 años se ha perdido un 35% de estos ecosistemas a nivel mundial, desapareciendo tres veces más rápido que los bosques.

Con el objetivo de corregir esta situación, en 2020 se aprobó la Ley de Humedales Urbanos, la que ha entregado protección legal a 100 humedales a la fecha, una gran noticia que se ha visto eclipsada en los años sucesivos, pues gran parte de esas declaraciones ha sido reclamada por las industrias inmobiliaria y agrícola (principalmente), provocando que 15 de ellas hayan sido revocadas.

En esos procesos, ni el Ministerio de Medio Ambiente ni los otros organismos que participan en las declaratorias (como los municipios) han sido capaces de fundamentar sus razones para proteger estos espacios o argumentar contra los denunciantes cuando estos buscan impugnar las decisiones de protección, lo que ha abierto un nuevo flanco, dejando estos ecosistemas desprotegidos por el tiempo que toma volver a evaluar la decisión, oportunidades que bien aprovecha la industria. Sobre lo anterior es clave aclarar que no faltan fundamentos, lo que falta es que éstos sean correctamente utilizados por quienes deben defender las declaratorias.

Hace algunos días, tras su debate en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, el proyecto que crea la Ley de Protección de Humedales Rurales quedó listo para ser votado en Sala, lo que representa un importante segundo paso en la conservación de estos ecosistemas claves para nuestra sobrevivencia.

Es de esperar que esta nueva norma ‘aprenda’ de los errores y falencias de la regulación para los humedales urbanos y seamos capaces de proteger de forma efectiva estos ecosistemas, aprendiendo a convivir de mejor manera con nuestros entornos, entendiendo que la lucha por resguardar los mecanismos de la naturaleza para proveernos sostén, regulación y condiciones mínimas de vida se deben defender no sólo por un interés ambientalista, sino que de preservación de nuestro propio bienestar.