Seguridad ¿a cualquier costo?

La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto del desarrollo humano.

Florencia Alvez Marín.
Abogada Colectiva Justicia en Derechos Humanos

En momentos en que la seguridad ciudadana colma las agendas de gobiernos de Latinoamérica, debemos encuadrar la discusión en un marco democrático, propio del Estado de Derecho.

Sí, hablar de seguridad implica necesariamente hablar de derechos humanos. Aun cuando los medios han realizado un minucioso trabajo que afirma que seguridad y derechos humanos son conceptos irreconciliables, un dilema ante el que necesariamente debemos optar. Estudios han constatado que un alto porcentaje de la población está dispuesta a ceder libertades con tal de vivir más seguros, y que la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación para la población.

La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto del desarrollo humano. Ella se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre gobernantes y gobernados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la seguridad ciudadana debe ser concebida como una política pública, esto es, cursos de acción que definen las autoridades de los Estados para alcanzar un objetivo determinado. “Una política pública no puede comprenderse cabalmente sin una referencia concreta a los derechos humanos. Las políticas públicas tienen como objetivo hacer que estos derechos se concreten en los planos normativo y operativo, así como en las prácticas de las instituciones y los agentes estatales. Asimismo deben abordar las causas de la criminalidad y la violencia”.

Así, fortaleciendo el respeto a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad física y síquica, a la libertad persona y seguridad individual, a la libertad de expresión -que permite informarse y pedir cuentas a los órganos del Estado- el derecho de los ciudadanos de educarse y discernir por cuenta propia, se centra el quehacer del Estado en la persona humana y su seguridad, permitiendo que ésta alcance su máximo desarrollo material y espiritual posible. Este es el camino que nos permite avanzar de forma sustentable hacia una sociedad más segura, afianzados en valores universales que sustentan a las sociedades democráticas.