El caso de Chile, en la última década y media, es particularmente complejo, a raíz de la mega sequía identificada a partir del año 2010, con un importante déficit de lluvias.
Rodrigo Castillo Jofré
Abogado, Magíster en Derecho Público – Colectiva Justicia en DD.HH.
El 17 de junio de cada año, a partir de 1994 por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, se conmemora el Día Mundial de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía. Ello, con el objeto de generar conciencia y promover acciones en torno a este grave problema ambiental que, según el organismo, actualmente influye en la degradación de cerca de un 40% de la superficie terrestre.
Las consecuencias de la sequía para la seguridad alimentaria, el equilibrio de los ecosistemas, la disponibilidad de agua para consumo humano y en la conflictividad social, hacen necesario la toma de medidas al interior y entre los países para la adaptación y mitigación de este fenómeno, especialmente en aquellos casos en que está fuertemente influenciado por la acción humana. En ese marco, y con la misma fecha, fue adoptada la Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación, la cual cuenta con 197 estados parte.
El caso de Chile, en la última década y media, es particularmente complejo, a raíz de la mega sequía identificada a partir del año 2010, con un importante déficit de lluvias que han afectado a las zonas norte, centro y centro sur. Esto, de la mano con el aumento de la erosión de las tierras, influyendo en ello los procesos de deforestación, cambios en el uso del suelo y sobre explotación de recursos naturales en nuestro país. De acuerdo con un informe del Centro CR2 del año 2019, la mega sequía en Chile a ocasionado notorios efectos en la disponibilidad de recursos hídricos, la presencia de recursos costeros, deterioros en la vegetación, y el aumento de incendios forestales entre las regiones de Valparaíso y Araucanía. Aun frente a las recientes e intensas precipitaciones de las últimas semanas en la zona central y sur, no debemos perder el foco de los efectos acumulados de la sequía y desertificación, procesos que no se revierten por situaciones esporádicas, sino que requieren ser considerados en el largo plazo.
Si bien han existido respuestas institucionales puntuales frente a la situación en Chile (y en ese marco pueden contarse las recientes reformas a la legislación de aguas, a la regulación del riego agrícola, aspectos de la legislación en materia de cambio climático y la dictación de decretos de escasez hídrica para la aplicación de medidas localizadas), es necesario intensificar la acción pública y desde la sociedad civil a efectos de enfrentar las consecuencias de la sequía que se arrastran por más de una década en nuestro país. Mayor coordinación institucional, atribuciones públicas en materia de planificación de uso del suelo, e inversión en tecnología y herramientas y capacitación a la ciudadanía, son algunas de las múltiples aristas que deben abordarse al enfrentar el problema.