Costo social del atraso en la infraestructura

José Oliveros
Académico U. de Concepción-Colaborador del CPI

El último estudio publicado por la Cámara Chilena de la Construcción sobre las dos horas que pierden habitantes de San Pedro de la Paz, en el Gran Concepción, en tacos es un ejemplo claro de las implicancias que tiene el tener obras de infraestructura futura en carpeta, pero no disponible.

Es evidente que la Ruta 160 hacia Coronel no es suficiente para el crecimiento prolongado y poco planificado que han tenido las comunas. Además, los proyectos como la Ruta Pie de Monte y el Puente Industrial llevan años sin que los habitantes de la zona perciban sus beneficios sociales, ya que aún se mantienen en estudio, diseño o construcción.

La forma en que se evalúan los proyectos públicos es en base a monetizar (otorgar un valor en dinero) al beneficio social que genera un proyecto. Por ejemplo, se ha estimado en nuestro país que si una persona reduce su tiempo de viaje en una hora, esto vale aproximadamente $1.200 (según lo indica el Ministerio de Desarrollo Social).

Simplificando la metodología, si un puente cuesta 1.000 millones de pesos, se debería construir solo si muchas personas reducen su tiempo de viaje y, en total, suman un beneficio valorizado en más de 1.000 millones de pesos.

De esta manera se evalúan las iniciativas en todo el territorio nacional, por lo que solo se construyen proyectos que realmente sirven a los ciudadanos. Si bien esta herramienta no es perfecta, al parecer permite eliminar iniciativas muy malas, aunque también se sugiere que deja fuera obras potencialmente muy buenas en lugares menos poblados.

Un tema relevante y no siempre discutido es el valor del tiempo en esta evaluación. ¿A cuánto asciende el valor social de que el mismo puente se construya ahora, en un año o bien en 50 años más? ¿Cuánto vale para los ciudadanos disminuir una hora de viaje ahora o reducirla en 10 años más? Parece intuitivo que mientras antes de realice esta reducción de ese tiempo, más debería valer. En efecto, podemos estimar con exactitud el valor social que se pierde para los ciudadanos como beneficios en su calidad de vida por atrasos en la entrega de obras públicas.

A partir del argumento de que el tiempo es valorado por las personas, se valida el uso de modelos de financiamiento como las concesiones, que implican adelantar las fuentes de financiamiento y que la infraestructura no solo sea la adecuada, sino que esté disponible en el momento que se necesita.