Es una tradición republicana cuyo origen se remonta al año 1828. Su consagración definitiva está en la Constitución de 1833.
Florencia Alvez Marín
Abogada
Miembro de Colectiva-Justicia en DD.HH.
“El 1 de junio de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno”. Eso señala el texto del artículo 24 inciso 3 de la Constitución Política de la República.
Es una tradición republicana cuyo origen se remonta al año 1828. Su consagración definitiva está en la Constitución de 1833.
La primera cuenta pública fue el 1 de junio de 1832. Hasta 1842 el discurso presidencial podía ser contestado a la usanza del Parlamento del Reino Unido, muy influyente en los primeros años de la República. A partir del siglo XX, además del discurso, se editaba un texto que contenía el detalle de la gestión de los ministerios. Esta tradición se mantuvo hasta el 2010.
A partir de la década de 1920 se empezó a transmitir por radio, en vivo, el mensaje, y en 1962 se emitió por primera vez por televisión.
Luego vendrían cambios de fechas: del 1 de junio al 21 de mayo y, durante la dictadura, al 11 de septiembre. A partir de 1990 se volvió a realizar el 21 de mayo, y desde el 2017 se realiza el 1 de junio.
¿Qué sentido tiene la realización de la cuenta pública del Presidente de la República?
Busca hacer efectiva la obligación de transparencia de los actos del gobierno, pues se rinde cuentas y se informa al país de los avances y desafíos. Esto permite ejercer control y fiscalizar su desempeño, propiciando la participación de la ciudadanía en la vida pública del país. Es una oportunidad para fortalecer la legitimidad de las autoridades y la de las medidas que implementa, pues demuestra -o no- que se está llevando a cabo el plan por el que fueron elegidas, y que los recursos del Estado se están gestionando eficazmente. Permite también ajustar los planes y expectativas en la vida del país.
La cuenta pública presidencial no se trata de hacer por hacer, limitándose a entregar cifras, exacerbar avances y evadir los desaciertos e incumplimientos. Es un momento que debiera materializar principios fundamentales del Estado de Derecho. En un contexto en que la desafección a la política y la desesperanza campea en la ciudadanía, y en la que se vislumbran en el horizonte propuestas alejadas de valores democráticos básicos, esperamos que quienes tienen voz y voto en la toma de decisiones no utilicen esta cuenta pública para seguir profundizando trincheras.