Dra. Ana Araneda
Consejera Regional del Biobío
Nos encontramos con un fenómeno social nunca antes visto en nuestro país y región, como es la pérdida de seguridad, debido al aumento exacerbado de la delincuencia y la violencia en todas sus dimensiones, generando un ambiente generalizado de inseguridad que además afecta a nuestra economía y hace aún más difícil su reactivación. Las pérdidas millonarias del puerto de Coronel, por la falta de dialogo y acuerdos, está generando un daño profundo al ecosistema productivo, exportador y de imagen internacional. Paralelo, el sector forestal, afectado por los intencionales incendios forestales, el negocio del robo de madera, de la mano con el tráfico de drogas y episodios de máxima violencia, provocando el cierre de importantes aserraderos en la región. La inestabilidad de la empresa siderúrgica, por la competencia desleal que será evaluada en un par de meses más, para ver, si su futuro es rentable, son algunas de los escenarios actuales que se viven nuestra región sin soluciones visibles. A lo anterior se suma, el comercio local, que sufre pérdidas económicas importantes al tener bajar sus cortinas más temprano de lo habitual. Las personas buscando regresar a sus hogares prontamente por la falta de locomoción colectiva, quedando en las calles sólo el comercio ambulante que otorga más inseguridad. La situación es compleja, más aún, con el encarecimiento de los servicios básicos y la alimentación, lo cual genera más incertidumbre e inseguridades en todas las familias porque los sueldos no están llegando a fin de mes.
La Región del Biobío no puede continuar viviendo en este escenario de inseguridad, con una economía vulnerable y una de las tasas más altas de desempleo en el país.
Es absolutamente necesario exigir y continuar con la descentralización históricamente reclamada, a través de traspasos de competencias reales, vinculadas al fomento productivo y toma de decisiones autónomas para las regiones. Llegar a un gran acuerdo regional para abordar esta problemática dejando fuera las consignas y diferencias políticas y actuar en conjunto para defender el empleo y actuar de manera decidida para detener la criminalidad en la Región.
El Estado debe retomar el control de la ciudad, acelerar la construcción de infraestructura crítica que se necesita para mejorar la productividad de nuestras empresas. Que el pago de impuestos se concrete en las regiones para aquellas empresas que operan en los territorios y fortalecer el vínculo y el desarrollo de las zonas circundantes. Que la sostenibilidad sea un gran modelo de negocios, como lo demuestran día a día los países desarrollados y así ganar nuevos mercados internacionales y mejorar prácticas sustentables. La inseguridad debe derrotarse con reactivación económica y justicia.