Educación para todas y todos

Sandra Castro Salazar
Directora Ejecutiva Catim

En Chile, un país que se enorgullece de su compromiso con los derechos de la infancia, la noticia de que cerca de 3 mil estudiantes aún no se han matriculado en ningún recinto educacional resulta alarmante. Esta situación no solo contradice los compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que también pone de manifiesto una brecha preocupante entre las promesas y la realidad nacional.

El acceso a la educación es un derecho fundamental, esencial para el desarrollo humano y el bienestar social. Privar a un niño o niña de este derecho no solo afecta su desarrollo académico, sino también su bienestar emocional y social. Además, estas situaciones agudizan el riesgo a la explotación laboral, el abuso y la delincuencia.

Es crucial tomar medidas inmediatas para evitar que este daño se perpetúe y para garantizar que todas y todos tengan la oportunidad de recibir una educación inclusiva y de calidad. Si bien se están implementando acciones para abordar el problema, como la creación de nuevos cupos y la autorización de horarios flexibles, es necesario reflexionar sobre las causas subyacentes de esta situación y comprometerse con la inclusión educativa.

Resulta preocupante que se sugiera a los estudiantes sin matrícula optar por tomar exámenes libres, una medida que podría exacerbar las desigualdades existentes, desde los desafíos significativos en términos de acceso a recursos educativos adecuados, como la brecha digital e incluso la presencia de dificultades de aprendizaje no detectadas o la falta de apoyo en el hogar para el desarrollo de habilidades de lectura.

En última instancia, el derecho a la educación no es solo responsabilidad del Estado, sino de toda la sociedad. Es necesario un esfuerzo colectivo para asegurar que ningún niño se quede atrás. Solo así podremos construir un futuro en el que cada individuo tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial y contribuir al bien común.