Todas las constituciones en Chile han regulado expresamente el derecho a la educación.
Florencia Alvez Marín
Abogada-Colectiva Justicia en Derechos Humanos
En esta fecha las y los estudiantes en Chile retoman sus actividades, acuden a sus establecimientos al reencuentro con sus pares y educadores, con la esperanza de un futuro mejor. El contraste entre esas esperanzas y la realidad de la educación chilena se hace aún más desoladora.
La Constitución de 1980 hace una breve referencia a la finalidad de la educación, señalando que “su objeto es el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida”. El art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indica “la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Además, el art. 29 de la Convención de los Derechos del Niño establece que la educación que reciban los niños debe estar encaminada no solo al desarrollo de la personalidad y capacidades físicas y mentales, sino que además debe inculcar el respeto a los derechos humanos, a sus padres, a su identidad cultural, y a las civilizaciones distintas a la suya; debe preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre.
Todas las constituciones en Chile han regulado expresamente el derecho a la educación, otorgándole una atención preferente a la educación pública. La Constitución de 1823 consideraba la educación como uno de los primeros deberes del Estado, imponiendo además un gasto permanente y esencial: la educación pública. La Constitución de 1925 estableció una organización institucional para darle cumplimiento a la obligación de darle atención preferente a la educación pública. Se trata de una tradición constitucional transversal, presente en textos de diversas inspiraciones ideológicas.
Hasta antes de la dictadura cívico-militar la preponderancia de la educación pública era irrefutable. Lo señalaba Valentín Letelier: “las democracias tienen que dar la preferencia a la educación pública porque la escuela común es una institución esencialmente democratizadora”.
Que este marzo nos permita una reflexión sobre la necesidad de planificar a largo plazo, de modo que estas palabras pronunciadas hace más de un siglo iluminen la educación chilena de los años que vendrán.