Erika Isler Soto
Abogada y académica
Universidad Autónoma de Chile
Llega marzo y una vez más los reclamos de los apoderados de colegios a quienes se les conmina a comprar nuevas versiones de textos escolares. Frente a tal panorama, surge una pregunta lógica: ¿realmente las nuevas versiones contienen cambios sustanciales que motiven y justifiquen su adquisición?
Esta pregunta es del todo pertinente, y llama la atención que eventuales modificaciones se introduzcan anualmente, y no con una periodicidad mucho mayor, como sería, por ejemplo, cada vez que se reformase el curriculum escolar u ocurra otro evento similar.
La reutilización de libros usados podría implicar un importantísimo ahorro, en el contexto de una educación escolar que, en Chile, suele ser costosa. Además, el desecho de materiales previamente utilizados lesiona otro interés más relevante aún, el cuidado del medio ambiente.
Desde luego, la publicación de textos que sólo tendrán una utilidad efímera, no se condice con el desarrollo sostenible que reclama la ONU en su Agenda 2030, además de dar lugar a una gran cantidad de desechos, en un país que es uno de los mayores generadores de basura de Latinoamérica.
Se hace necesario, por lo tanto, asumir con la debida seriedad que la viabilidad de la permanencia de las generaciones actuales y futuras en el planeta sólo será posible en la medida de que realicemos cambios importantes en nuestra conducta. El consumo sustentable es urgente e imperativo, y exige esfuerzos de las entidades vinculadas a la educación, particularmente si se considera que la actual Ley sobre Garantías y Protección Integral de los derechos de la Niñez y la Adolescencia (21.430) exige que la publicidad dirigida a estos colectivos resguarde la sustentabilidad ecológica y no incite al consumo desmedido.
También, las propias editoriales deben esperarse esfuerzos destinados a diseñar textos que puedan utilizarse varias veces. Simultáneamente resultaría pertinente que, al publicar una nueva versión, se cuestionen si ellas contienen cambios tan importantes que merezcan reemplazar la del año anterior. Si las modificaciones no son sustanciales, sería útil informar a las instituciones educacionales -empaque, anexos, publicidad, etc.- para que estas últimas tomen una decisión razonada y fundamentada al confeccionar las listas escolares.
Asimismo, los colegios han de ser agentes promotores del cuidado del medio ambiente, en un contexto en el cual es sabido que los niños aprenden también por imitación. El incentivo por la utilización de materiales usados, en la medida de que ello sea posible, constituye un excelente ejemplo a seguir.
Finalmente resultaría pertinente que el Estado, a través de sus distintos poderes se incorpore a la discusión, por ejemplo, realizando estudios de contenido acerca de los reales cambios que implican los “textos del año”, o bien analizando los criterios por los cuales resultan imprescindibles versiones actualizadas.
En resumen, el interés público y privado reclama esfuerzos individuales y colectivos destinados a confeccionar y distribuir textos escolares que cumplan su utilidad el mayor tiempo posible. Exigir injustificadamente nuevos materiales, implica la incorporación de una obsolescencia programada que sólo beneficia a quienes comercializan estos productos y por el contrario perjudica no sólo a los padres y apoderados, sino que también a la sociedad toda, lesionando el medio ambiente.