Carlos Maturana
Profesor de Derecho Constitucional UdeCe integrante del CEE UdeC
Es probable que, por un buen tiempo más, sigamos analizando estos dos recientes procesos constituyentes fallidos, intentando entender sus causas y descifrar sus consecuencias. En esa línea, en los últimos días se ha hecho patente una cuestión que permanecía en un segundo plano de la discusión constitucional: al haberse rechazado dos propuestas de nueva constitución, ¿se ha ratificado la constitución vigente y, por ende, se ha agotado la discusión constitucional? La consecuencia inmediata de los plebiscitos de 2022 y 2023 es, evidentemente, que se mantiene vigente la Constitución de 1980. También es cierto que no se ve posible, en el mediano plazo, un acuerdo político para realizar un tercer intento de cambio constitucional ni se aprecia mayor interés en la ciudadanía por este tema. Sin embargo, lo anterior no significa que la Constitución de 1980 haya sido purgada de las deficiencias de origen que aún mantiene, ni que se haya transformado en un texto en que nos reconozcamos como sociedad y que contenga los valores compartidos por un amplio espectro de los chilenos y chilenas. Por el contrario, la Carta vigente sigue mostrando las mismas falencias que justificaron la demanda por el cambio constitucional que se alzara, con inusual fuerza, en las movilizaciones sociales de 2019. Las 67 reformas que se le han introducido desde 1989 son un recordatorio permanente de la incapacidad del texto de representar un consenso nacional. Dicho de otro modo, y en mi opinión, los resultados de los plebiscitos de ratificación no fueron una señal de apoyo y compromiso con la Carta de 1980, sino un voto de rechazo a las élites políticas, especialmente a los discursos ideológicos emergentes. No olvidemos que, en el llamado plebiscito de entrada, del año 2020, el 78% de los votantes se manifestó favorable al cambio constitucional. Por lo anterior, no debemos extrañarnos de que, a poco andar, nos encontremos con nuevas, y tal vez numerosas, reformas constitucionales, que sigan parchando un texto escasamente representativo, ante la urgencia de contar con un marco normativo más adecuado para resolver los actuales desafíos que enfrentamos como sociedad. En mi opinión, entonces, lejos de consolidar la Carta de 1980, los recientes procesos constituyentes solo han profundizado la crisis de representación política y postergado el todavía necesario cambio constitucional.