PABLO GAETE VILLEGAS
Director de Balmaceda Arte Joven Biobío
El último informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes más conocido como prueba PISA revela que Chile mantiene similares indicadores que el 2018, lo que evidencia un estancamiento en los aprendizajes. Aunque a nivel latinoamericano nuestro país lidera el ranking con mejores resultados en matemática, lectura y ciencia, los puntajes de los estudiantes chilenos evaluados fueron inferiores al promedio de los países de la OCDE. Lamentablemente esto no es novedad. Desde hace décadas que la educación chilena viene arrojando cifras negativas. Y las brechas de aprendizaje entre colegios públicos municipales y particulares pagados aumentaron durante la pandemia, agregando además un alto nivel de deserción escolar. El Ministerio de Educación informó que 50.814 niños, niñas y jóvenes se han desvinculado del sistema de educación el año 2023. Las secuelas son negativas para miles de familias y de NNA que ven un futuro sin esperanza. Y los efectos sociales y culturales son también de la mayor gravedad por el impacto que la educación tiene en el desarrollo del país.
En el contexto de la conmemoración de los 50 Años del Golpe de Estado, se evidenció que un sector importante de la sociedad chilena relativizó las violaciones a los DDHH cometidas y muchos otros negaron hechos y acciones que están documentadas en los Informes Rettig y Comisión Valech. Sin duda la mala calidad de la educación no solo impide que niñas y jóvenes accedan a niveles de educación superior y tengan dificultades en comprensión lectora, sino también reflejan un fracaso en la formación de personas integrales, ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos y deberes con su propio país. Hemos fallado también en educar para la Democracia, en educar en el respeto permanente e irrestricto a los DDHH, consagrados por la humanidad como un avance civilizatorio. Tanto en los medios de comunicación como en la academia ya se habla de la “crisis de la educación pública”. Fundación Educación 2020 ha propuesto una agenda corta para hacer frente con urgencia a esta delicada situación. Por lo pronto, empujar las mejoras y el fortalecimiento de la Nueva Educación Pública (NEP) como un gran proyecto país. Al mismo tiempo implementar una agenda inmediata de fortalecimiento de las condiciones de calidad, docencia e infraestructura en la educación pública focalizada en aquellos territorios donde se evidencian las mayores necesidades. Para ello proponen reformar el proceso de instalación de los Servicios Locales de Educación (SLEP) y el traspaso del servicio educativo para que éstos no hereden los problemas de arrastre de la administración municipal. Finalmente agregan que se requiere fortalecer la capacidad de gestión que tienen los Servicios Locales de Educación para enfrentar el desafío de gestionar la educación de sus territorios con foco en el logro de aprendizajes y las necesidades de las comunidades educativas.
Por su parte, el Observatorio Social de Educación, instancia con representación de instituciones y organismos de la sociedad civil que funciona al alero del Centro de Estudios Territoriales e Interdisciplinarios, CETI perteneciente a la Universidad del Biobío, mantiene su interés permanente por estos temas y refuerza su compromiso de seguir aportando a la reflexión y difusión de propuestas e iniciativas que tributen al desarrollo de políticas públicas que contribuyan al mejoramiento de la educación pública en los diversos territorios de la región del Biobío.