Los desafíos que el mundo actual presenta debido a los múltiples fenómenos sociales que nos afectan derivados de la globalización y la hiperconectividad, nos obliga a establecer medidas políticas más efectivas.
Claudia Soto
Seremi de Justicia Región del Biobío
El pasado 20 de octubre, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con el Ministerio Público lanzaron el protocolo que fortalece la investigación de delitos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que busca mejorar la efectividad de la persecución penal, abordando tanto la detección, denuncia e investigación de hechos eventualmente constitutivos de Explotación Sexual Comercial de NNA (ESCNNA) por medio de un protocolo interinstitucional.
Al amparo de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, se creó el año 2022 una subcomisión que lideró la construcción de este Protocolo, a través de un trabajo participativo y colaborativo entre distintas instituciones del Estado, trabajo que finalizó el primer semestre del 2023.
Durante el presente Gobierno, nuestro presidente Gabriel Boric Font ha puesto acento en el trabajo en equipo como una acción primordial a la hora de elaborar políticas públicas de gran impacto como ésta. Desde ahí el llamado es a sentarnos a dialogar, más allá del gobierno, sumando a los otros poderes del Estado para establecer un diálogo democrático, respetando obviamente los marcos políticos de cada poder del estatal.
“Queremos fortalecer la colaboración entre las diferentes instituciones involucradas en este tema tan delicado, además, pretendemos brindar una guía y apoyo a los equipos de investigación penal que trabajan en estos casos” señalaba nuestro Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega en el acto de firma del protocolo, enfatizado que el compromiso de éste “es la protección de las víctimas menores de edad, asegurando que sus derechos sean respetados a lo largo del proceso”.
Ante esto, cabe mencionar que durante esta actividad de lanzamiento estuvieron presentes otras instituciones del Estado que también participaron en el diseño de este protocolo, entre ellas, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Poder Judicial, Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, la Subsecretaría de la Niñez, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores, el Programa Mi Abogado, y la Defensoría de los Derechos de la Niñez.
Los desafíos que el mundo actual presenta debido a los múltiples fenómenos sociales que nos afectan derivados de la globalización y la hiperconectividad, nos obliga a establecer medidas políticas más efectivas, directas y actuales, a fin de dar respuesta, en este caso a delitos de gran complejidad que solos, no vamos a ser capaces de resolver.
Así el trabajo solidario, integral y en equipo, escapa felizmente de una intención utópica y se hace necesario para enfrentar las complejas demandas del mundo actual, donde los poderes del estado -y el mundo privado- deben estar dispuestos a trabajar en conjunto y en complicidad para lograr el tan ansiado bien común.