Oscar Reicher Salazar
Seremi de Medio Ambiente del Biobío
Uno de los hitos legislativos por las que será recordado el gobierno del Presidente Gabriel Boric será, sin lugar a dudas, la aprobación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Es posible visualizar en prensa, respecto a esta noticia, el reconocimiento a este logro tras 12 años de tramitación en el Congreso, con dos proyectos de ley presentados al legislador (el primero durante el primer gobierno del Pdte. Piñera y el segundo mejorado durante el último gobierno de la Pdta. Bachelet). Sin embargo, hay otros antecedentes históricos relevantes que han quedado en el olvido y que es necesario tenerlos presente para valorar en su justa medida este hito.
Es efectivo que el primer proyecto de ley del SBAP se presentó a inicios del 2011, pero con la aprobación de este proyecto se viene a saldar una deuda histórica que Chile tenía en materia de protección de la biodiversidad y sus áreas protegidas, con antecedentes que se remontan al año 1984.
En ese año se dictó la ley que creaba el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), pero que tenía como condición para su entrada en vigencia, que la CONAF adoptara el carácter de servicio público a través de la ley 18.348 que tampoco nunca entró en vigencia. Es decir, dos leyes que no entraron en vigencia y que mantenían al país sin ley para dichos temas tan relevantes: un sistema para las áreas protegidas y una CONAF que se mantiene hasta hoy como una corporación de derecho privado que ejerce funciones públicas mandatadas por ley.
Esta situación llevó a que incluso el Tribunal Constitucional en una sentencia (rol 2024/2008) exhortara a la entonces Presidenta Bachelet a regularizar la naturaleza jurídica de la CONAF, a través de la dictación del decreto supremo que disolviera su condición de corporación de derecho privado o empleando otro medio constitucionalmente idóneo que el Gobierno estimara adecuado.
Si bien hay algunas indicaciones que se perdieron en el camino de la discusión legislativa, que son el costo de una visión que mantiene la creencia que proteger la naturaleza es contrario al desarrollo económico, esta nueva ley termina por crear el sistema nacional de áreas protegidas que será administrado a través del Servicio que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, saldando parte de esa deuda que se arrastra por varias décadas.
