Jorge Aillapán Quinteros
Abogado-Colectiva Justicia en Derechos Humanos

Lamentablemente el Convenio Nº 169 OIT nunca ha sido bienvenido en Chile. Apenas lo incorporamos el 2008, es decir, 20 años después que fuera adoptado por la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, convengamos en que los pueblos originarios son considerados una piedra en el zapato para la política e, incluso, para la economía chilena. Sin ir más lejos, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, tomó fuerza el retiro de dicho Tratado, precisamente por los “obstáculos” que conlleva la Consulta Indígena al momento de aprobar o poner en práctica proyectos de inversión.

Este 2023 ha vuelto a la palestra, debido a la reticencia del Estado a aplicarlo en el actual proceso constituyente y a los presos políticos mapuche. Respecto a lo primero, es una obligación estatal garantizar que el proceso no abra flancos de ilegitimidad, de ahí que no se explique el desdén de organizar Consulta Indígena, pese a lo manifestado ya por el propio.gobierno y lo prescrito por dicho instrumento internacional. Respecto a los presos políticos mapuche ocurre otro tanto. Y es que no se debe confundir la responsabilidad penal que pueda recaer sobre quienes comenten delitos, con la inobservancia de un instrumento internacional de derechos humanos, ratificado y que se encuentra vigente en Chile. Mientras el Estado no se retire, es su deber y obligación aplicar dicha normativa, en beneficio de los pueblos indígenas, cuestión que está sumamente entredicho durante estos días.

Desatender el Convenio Nº 169, no solo conlleva la responsabilidad internacional del Estado chileno, sino que es peor, pues minimiza o invisibiliza la situación de los pueblos originarios y, especialmente del mapuche. Evidentemente la clase política está optando por chutear esta piedra. Un craso error pues -la experiencia lo demuestra- el Estado y la sociedad chilena volverán a tropezar con ésta, más temprano que tarde.