Es preocupante -aterrador en ocasiones- que la autoridad, encargada de aplicar la ley con responsabilidad y buen criterio, utilice dichos mecanismos a modo de circo romano alimentado de likes en redes sociales.
Florencia Alvez Marín
Abogada, Corporación Colectiva – Justicia en DHH
En un Estado de Derecho quien gobierna es la ley. Es un concepto que nos aleja del Estado absolutista, en los que el soberano puede ejercer su poder arbitrariamente y sin limitaciones.
En Chile la Constitución es la norma fundamental, de ella derivan todas las otras normas y en ella se consagran principios y requisitos formales que le otorgan sustento a la primacía de la ley: el principio de legalidad, la separación de poderes, la independencia judicial entre otros, que deben cumplirse respetando la democracia y los derechos fundamentales de las personas.
Dentro de los mecanismos que existen para que este Estado de Derecho sea efectivo, y específicamente para que se materialice la separación de poderes y el control y equilibrio entre ellos, la Constitución de 1980 consagra en el artículo 52 N°2 la acusación constitucional. Presentar una acusación constitucional es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados y tiene por objeto hacer responsable jurídica y políticamente a autoridades o altos funcionarios del Estado por actos propios del cargo que desempeñan. Se la considera una de las herramientas de control más potentes en el modelo republicano, pues al aprobarse por el Senado una acusación constitucional su efecto es la destitución inmediata del cargo del funcionario acusado, además de la inhabilidad para desempeñar funciones públicas, sean o no de elección popular, por 5 años.
Desde el 2018 hasta junio del 2023 se han interpuesto 15 acusaciones constitucionales, 5 de las cuales han sido aprobadas por la Cámara de Diputados. De ellas solo una terminó con la autoridad acusada – el ex ministro del interior Andrés Chadwick- inhabilitada para ejercer cargos públicos por 5 años.
Es preocupante -aterrador en ocasiones- que la autoridad, encargada de aplicar la ley con responsabilidad y buen criterio, utilice dichos mecanismos a modo de circo romano alimentado de likes en redes sociales. Es imprescindible tener presentes las razones por las que estos mecanismos existen: mantener vigente el Estado de Derecho, la efectiva separación de los poderes del Estado y el fortalecimiento de los principios democráticos de la República.
