Pablo Sebastián Amaza Castro
Egresado de Derecho y Colaborador CEE UdeC

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (2022) elaborado por Transparencia Internacional, Chile es el segundo país menos corrupto de la región (después de Uruguay) con un puntaje de 67 sobre 100.

Sin embargo, en las últimas semanas hemos presenciado un nuevo escándalo de falta a la Probidad que involucra a importantes miembros del partido Revolución Democrática (RD). Lamentablemente, este caso no es un hecho aislado en la política chilena. Pues, en los últimos años, se han destapado casos que envuelven a partidos políticos de distintas tendencias (podemos mencionar los casos Penta, Caval, SQM, Corpesca entre otros) evidenciando la universalidad del problema.

La corrupción es un fenómeno que afecta gravemente a la democracia, el desarrollo país y la confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones tanto en Chile como en el mundo.

Por ella se erosiona la legitimidad de las instituciones públicas, fomentando la idea de la política como un negocio sucio y deshonesto. Y a su vez, afecta e impide el desarrollo de políticas públicas destinadas a educación, salud, vivienda, infraestructura y otros servicios esenciales.

Ante esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Naciones Unidas han elaborado instrumentos normativos, guías y herramientas concretas para ayudar a fortalecer los sistemas de integridad pública y combatir la corrupción. Entre algunas de estas medidas se encuentran: fortalecer la independencia y la capacidad del poder judicial, mejorar los sistemas de control interno y externo del Estado, regular el financiamiento de la política, fomentar la cultura donde se potencien los valores, actitudes y creencias que han de prevalecen en la sociedad respecto a esta materia, proteger a los denunciantes y testigos de actos de corrupción, entre otros aspectos clave.

Pese a que estos hechos se constituyan como una excepción a la regla en el actuar público, es necesario que se origine un compromiso y cooperación firme entre los distintos actores políticos a fin de dar una respuesta integral, coordinada y con resultados concretos contra la corrupción.

Ante ello, los estándares y recomendaciones de organismos internacionales especializados en el área se constituyen como una alternativa a seguir para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y avanzar hacia un desarrollo país más justo e inclusivo.