Oscar Menares Hernández
Director Regional del Instituto de Seguridad Laboral

El Instituto de Seguridad Laboral es la institución pública que financia el Seguro Escolar, un derecho de provisión enteramente estatal, gratuito y universal en favor de las y los estudiantes de Chile, sin importar su nivel escolar ni el carácter público, particular o subvencionado; y lo hace a partir de las cotizaciones del Seguro Contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que recibe por parte de sus 623.786 trabajadores independientes afiliados, de las 353.600 mini y pequeñas y empresas adheridas y 71 empleadores públicos. Es por ello que, a 50 años de su entrada en vigencia, resulta necesaria una mirada en retrospectiva.

Lo primero a destacar es que esta política pública del Presidente Salvador Allende, fue materia de una modificación relevante por parte de la Junta Militar. El 20 de octubre de 1988, solo 15 días después del Plebiscito, se promulgó la Ley 18.754 que liberó a las Mutualidades de Empleadores de la obligación de contribuir al financiamiento del seguro escolar, lo que ha impactado en la ampliación de la cobertura y prestaciones del seguro.

En segundo lugar, es necesario relevar que la universalidad de la protección del Estado ante los accidentes escolares fue fruto de un amplio consenso social, que da cuenta de una visión compartida en torno a la existencia de un Estado Social y Democrático de Derechos, y que hoy recobra sentido como marco del debate del Consejo Constitucional.

En tercer término, existe la demanda de una mayor cobertura en materia de prestaciones económicas y médicas ante la prevalencia de fenómenos asociados a enfermedades de origen escolar, y en especial de orden mental, como ocurre con el bullying, variadas formas de acoso, estrés escolar, y una amplia gama de patologías cuyos efectos se extienden en el tiempo, y que hoy no gozan de la cobertura de éste Seguro.

Bien haría entonces la institucionalidad democrática en reestablecer el carácter social del Seguro Escolar, de manera que no recaiga únicamente su financiamiento en el Estado y en los eslabones más débiles y precarios de la estructura productiva, sino que sea el conjunto de los organismos administradores de la ley, incluidas las Mutuales de Empleadores, quienes lo hagan; no solo porque en justicia corresponde enmendar la arbitraria decisión de una Junta Militar, sino porque hoy lo reclama la necesaria protección integral de la salud física y mental de las y los estudiantes de nuestro país.