CLAUDIA SOTO CANDIA
Seremi de Justicia Biobío
Justicia Social, dos palabras que juntas definen el objetivo de una sociedad, un anhelo que encierra en sí mismo el concepto de equidad, rectitud e imparcialidad. Durante los últimos años, está definición se ha amoldado a una aspiración de nuestros derechos fundamentales de primera, segunda y tercera generación, es decir, atraviesa lo civil, lo económico, lo social, lo cultural y lo ambiental, lo cual justifica su reiteración y su exigencia por parte de la opinión pública.
En ese sentido, el buen gobierno, es decir, el conducir el Estado bajo los principios de la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación de la sociedad civil y el estado de derecho, que revela la determinación del ejecutivo de utilizar los recursos disponibles a favor del desarrollo económico y social de la nación, son pilares que guían la justicia social.
Más allá de lo utópico que puedan resultar las definiciones, las acciones enmarcadas por nuestro Gobierno para alcanzar y cumplir con la mayoría de los propósitos del concepto presentado en esta columna, han sido concretos y se han manifestado dentro del marco democrático, marcando un antes y un después, dando sentido a la Justicia Social.
Recientemente, y gracias a que nuestro país goza de un estado republicano sano, el poder legislativo aprobó el proyecto que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, que además modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos, donde además se encuentra la inhabilitación para contratar con el Estado que impide al condenado contratar con cualquiera de los órganos o servicios públicos, con empresas y con las empresas o sociedades en las que el Estado participe.
“Ver menos clases de ética y más cárcel efectiva, más inhabilitación y más multas” señalaba nuestro Ministro Luis Cordero Vega luego que el Senado aprobó el mencionado proyecto de Ley, lo cual no es baladí, sino que un verdadero triunfo cuyos efectos serán en beneficio directo a la res pública para abrazar aún más nuestro estado de derecho y nuestra democracia.
Como Seremi de Justicia de la Región del Biobío, este pronunciamiento nos da luces para continuar cumpliendo con nuestra misión de promover normas y políticas públicas orientadas a facilitar el acceso y la protección de los derechos de las personas, respetando y velando por el cumpliendo de los derechos fundamentales de nuestro pueblo de Chile
