José Oliveros
Académico UdeC y mimbro de CPI

Este mes se cumplen 30 años desde que se adjudicó la primera obra por la vía de las concesiones en Chile, asociación público-privada que ha traído evidentes beneficios, aunque, en paralelo, registra también críticas.

Ante este escenario el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) ha identificado oportunidades de mejora para este sistema de financiamiento de infraestructura. Para ilustrar, algunos datos: existen 110 contratos a nivel nacional, los que totalizan una inversión de más de US$ 28 mil millones en obras como autopistas, aeropuertos, hospitales y cárceles que brindan servicios públicos de calidad al país.

A lo largo de tres décadas de este modelo se ha detectado que el valor de las alianzas público-privadas no se percibe correctamente por parte de la ciudadanía por diversos factores. Uno de ellos es la falta de conocimiento público del porcentaje que recauda el Estado a través de las concesiones que están en operación. El conocerlo evitaría que los usuarios especulen sobre una “utilidad desmedida” por parte del privado.

Esto resulta aún más urgente después de las últimas obras que han sido re-licitadas, donde la tarifa se ha mantenido y el Estado ha incluido el concepto de compartir ingresos, lo que ha llevado a que la recaudación haya subido significativamente. Ademas, los trabajos de mantención y ensanchamiento de algunas iniciativas son menos costosas que la construcción, lo que genera suspicacias entre los usuarios.

¿Cuáles son los beneficios de avanzar en la transparencia? Se legitimaría el objetivo que persigue la infraestructura pública y también la vía usada para desarrollarla. Además, reduciría la tensión social, con lo que se evita un conflicto entre lo público y lo privado, pues ambos son colaboradores a la hora de llevar adelante iniciativas. Junto
con ello se visibilizaría a las empresas concesionarias como agentes colaboradores de desarrollo y no como competidoras del Estado.

Creemos que se deben sacar lecciones ante las críticas al sistema. Y el protagonista de estos cambios debe ser el mismo Estado. La idea es perfeccionarlo para que la comunidad lo perciba como un instrumento válido, que permite al país continuar la senda del crecimiento.