Ya son casi dos semanas desde que otro incendio golpeara a nuestra comuna, esta vez con una violencia inusitada, casi apocalíptica que hasta ahora ha costado trece víctimas fatales y por lo menos un tercio de nuestro territorio quemado, que se suman a las ya 3 mil 300 hectáreas arrasadas por los siniestros de principio de año que afectaron a las comunidades de La Huerta, Lo Pacheco, Curamávida, Balseadero y El Venado.
Durante estos 45 días que llevamos del año hemos estado entre el fuego y el humo, pero sobre todo enfrentando un drama humano dantesco, sin respiro, entregando todo nuestro trabajo no sólo a tratar de combatir estos gigantes incendios, sino también gestionando los recursos entregados por el Estado de Chile, los sectores privados y la colaboración de miles de chilenos para ir en ayuda de nuestras vecinas y vecinos que se encuentran en desesperación.
Un tercio de nuestra población resultó dañada. Quizás esta cifra no significa nada, pero somos una comuna de 16 mil personas aproximadamente y son más de 4 mil personas que hoy se encuentran afectadas por estos incendios.
Tenemos el 75% de la superficie de nuestra comuna quemada, producto de múltiples factores que pronto analizaremos, pero que estamos seguros, que si hoy no se hace nada, dentro de cinco años más tendremos un escenario igual o peor.
Como alcaldesa de Santa Juana he propuesto al gobierno -del que soy parte- y al parlamento discutir con urgencia algunas medidas para ponerle freno o bien mitigar este tipo de catástrofes, que en las cuatro regiones donde se presentan existen factores comunes como el monocultivo, la pobreza, alta ruralidad y el proceso de desertificación que atraviesa el país.
Estos puntos son: Royalty a la Empresa Forestal, IFE para las personas de comunas rurales afectadas, mesa de trabajo entre Industria Forestal, Gobierno y comunas rurales con alta concentración de industria forestal.
Soluciones de viviendas dignas, eficientes y sustentables emplazadas en terrenos de libre disposición de uso de suelo y con prohibición de monocultivo por lo menos en un radio de 200 metros del terreno donde se emplaza el terreno de la vivienda.
Nueva legislación que enmarque y fiscalice los procesos industriales forestales. Una nueva Ficha FIBE pensada desde la ruralidad Que el gobierno designe un o una encargada de emergencia que tenga conocimientos técnicos y profesionales del mundo rural y agrícola, supervisado desde el Ministerio de Agricultura.
Lo anterior no nace desde una mirada ideológica, sino que apunta a hacer las cosas bien, a reconocer que existe una falla en el modelo de explotación forestal, la cual consideramos como una industria relevante en el desarrollo económico del país, reconocer también que existen poblados donde no existen las condiciones mínimas para el desarrollo humano, reconocer que hay zonas rojas donde la violencia rural se ha instalado en perjuicio de comunidades que hoy desean paz, aceptar que vivimos en una hecatombe climática donde los recursos vitales son cada vez más escasos y que es deber resguardarlos para nuestra subsistencia y por último, tener la voluntad de salir de nuestro subdesarrollo trabajando en conjunto con universidades, estado y privados, para así, generar los mejores dividendos sociales, económicos y científicos para por fin vivir en paz y en justicia social.
ANA ALBORNOZ CUEVAS
Alcaldesa de Santa Juana
