Carlos Cruz
Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)

A pesar de los malos pronósticos, el país tiene las posibilidad de que el 2023 sea un año mejor en materia de inversiones. Los “acuerdos políticos” en torno a la Nueva Constitución podrían mostrar una base de entendimiento y proyectar un marco institucional estable y reconocido por todos.

En el ámbito económico, tal vez la mayor dificultad será aumentar la actividad. Si bien seguiremos contando con un déficit fiscal importante, el ajuste de 2022 ha sido suficientemente drástico como para asegurar la responsabilidad con la que se ha asumido el manejo de las finanzas públicas, lo que es valorado por las agencias de calificación de riesgo. Por otra parte, el desequilibrio en cuenta corriente ha sido cubierto en buena parte por la inversión extranjera, lo cual es una señal de confianza.

El gobierno tampoco ha olvidado la importancia de incentivar el crecimiento. Un “crecimiento que genere riqueza, al mismo tiempo que distribuya”, como ha señalado Mariana Mazzucato.

Para ello se han tomado medidas significativas. En cuanto a inversión pública en diferentes áreas -incluyendo vivienda-, se genera un gran desafío de ejecución. A su vez, hay un número importante de proyectos en su fase de puesta en marcha que deberán contar con el apoyo del Estado para activarse lo más rápido posible, evitando la “permisología”.

Además, la autoridad presentó una atractiva cartera de concesiones a licitar a partir de 2023, por US$ 13 mil millones, la que genera nuevas oportunidades de inversión. Es de esperar que la readecuación de algunos proyectos postergados el año pasado lleguen a término y se pueda convocar a inversionistas a participar de las licitaciones con un alto grado de competencia.

Desde el punto de vista privado, es evidente que los sectores energético y minero siguen concentrando la atención. El impulso que han tenido la Energías Renovables No Convencionales (ERNC) debería seguir, en la medida que se resuelvan problemas regulatorios y haya certeza respecto del involucramiento del Estado en facilitar la inversión en líneas de transmisión al menor plazo posible.

A la vez, surgen nuevas apuestas como el hidrógeno verde. Se vislumbra un tremendo potencial en la medida que se complementen esas iniciativas con una mayor claridad de los permisos que se requieren y con las inversiones públicas que le entreguen el soporte necesario. El sector de las comunicaciones también se proyecta con dinamismo. Existen dos millones usuarios del 5G en Chile, los que seguirán aumentando en forma acelerada.

El cobre seguirá siendo un destino de importantes inversiones y se proyecta que el litio tendrá un impulso relevante. Quizás, más relevante que la constitución de una empresa nacional del litio sea seleccionar un buen socio para el Estado que sirva para que se aproveche la oportunidad de ser uno de los países con gran potencial en esta materia. La inversión no sólo repara déficits del pasado, sino que genera oportunidades para el futuro y en eso el sector público y privado cuentan con diversas modalidades de trabajo y colaboración que bien podrían desplegarse durante 2023.