Karen Medina Vásquez
Diputada PDG Distrito 21
Es el típico caso de una buena iniciativa que al ser mal implementada, puede convertirse en un remedio peor que la enfermedad. Y no lo digo con un afán alarmista, sino para establecer una alerta, ante un error que aún estamos a tiempo de corregir.
Desde su promulgación en noviembre del 2017, la ley que creó los Servicios de Educación Pública, se presentó como la oportunidad única, de corregir la brecha existente entre la Educación Pública y la Privada. Sin embargo a poco de su implementación, hizo visibles una serie de falencias propias de una buena idea no tan bien ejecutada.
Desde la gestación del proyecto, se pensó en la creación de 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para todo el país, de los cuales hoy sólo 11 se han implementado, uno de ellos en nuestra región del Biobío, en Andalién Sur y que tiene bajo su administración a los establecimientos de las comunas de Concepción, Chiguayante, Florida y Hualqui, haciendo un total de 70 establecimientos y 12 jardines infantiles. Mientras que los demás establecimientos de educación públicos de la región, aún se mantienen administrados por las municipalidades.
Si bien, concuerdo absolutamente, respecto a que una educación municipalizada es una solución desigual, cuyos resultados dependen de la buena o mala administración que hagan los municipios, la implementación de este nuevo Servicio tampoco ha sido tan buena como se planteó inicialmente.
Y es que estos SLEP, al contar con personalidad jurídica, patrimonio y personal propio, han desestimado la vasta trayectoria de funcionarios del DAEM o de las Corporaciones Municipales, trayendo consigo una serie de inconvenientes en el pago de sueldos y en otros procedimientos administrativos, vinculados a las burocracias propias del sistema. Por esto, creo que es imperativo modificar la ley, para que estos trabajadores puedan ser traspasados a la brevedad, a los Servicios Locales de Educación.
A ello quiero sumar la problemática experimentada por los Asistentes de la Educación. Se trata de trabajadores mal remunerados, que por años esperaron su traspaso a los SLEP, para lograr mejoras salariales. Una situación que se ha visto entrampada, y que hace imprescindible apelar a la Homologación del Estatuto de los Asistentes de la Educación.
Sólo con la participación de todos los actores, Chile tendrá la educación de calidad que siempre hemos soñado para nuestros niños, niñas y adolescentes. Será tarea del Ministerio de Educación, medir el impacto alcanzado por estos 11 SLEP, y hacer las correcciones necesarias para que los jóvenes de menos recursos puedan ingresar de forma exitosa a las diversas Universidades del país.
Un sueño posible, que ojalá vaya de la mano de una permanente modernización en la infraestructura de colegios y liceos públicos, lo que ha sido una deuda permanente de la educación municipalizada.
Una mejor educación, es la llave para construir el Chile que queremos todos.