Dr. Cristhian Mellado Cid
Rector UCSC
Contar con una educación superior que pueda seguir mejorando gracias a la coexistencia de proyectos universitarios diversos, que contribuyan a dar respuesta a los grandes desafíos que surgen en los ámbitos de la formación de profesionales y generación de conocimiento de excelencia, es un objetivo que debe estar en el centro del nuevo proceso constituyente que comienza a desarrollarse en el país. Esta definición es especialmente relevante para las regiones, ya que es muy conocido que la riqueza del sistema universitario chileno, sustentado en la provisión mixta, ha permitido desde su origen un fuerte impacto dinamizador del desarrollo territorial en cada una de las zonas donde las Instituciones de Educación Superior despliegan su labor.
En esta materia, las Universidades Públicas no Estatales agrupadas en la Red G9 creemos que es sumamente relevante considerar algunos elementos básicos en el debate que se reactiva en el país.
Entre ellos, cabe destacar que todas las personas tienen derecho a la educación y que ésta debe tener por finalidad el pleno desarrollo de la persona, tanto en su dimensión individual, como social, respetando la forma de convivencia democrática y los principios, derechos y libertades constitucionales. Otro principio fundamental es que el Estado debe garantizar el acceso igualitario y universal a la educación superior, sobre la base de un adecuado sistema de acceso. También planteamos que la Constitución debe reconocer y amparar la función pública de las universidades reconocidas por el Estado, la que debe tener como inspiración primordial la contribución al bien común general. Para ello, es clave asegurar la autonomía académica, administrativa y económica de las instituciones, a fin de cumplir plenamente su cometido educacional y de enseñanza.
Para eso, proponemos que la ley fundamental establezca un régimen regulador que satisfaga el estándar de lo público de las universidades y se les asegure un adecuado financiamiento del Estado para que puedan cumplir sus funciones, asegurando la igualdad de trato tanto a instituciones estatales como no estatales que cumplan con las características señaladas.
Lo anterior se complementa con un principio fundamental, que ha sido históricamente reconocido en la tradición constitucional chilena, como es la libertad de enseñanza. En su base, esto se vincula a la relevancia de la pluralidad de una sociedad democrática, donde los poderes públicos deben asegurar la necesaria provisión de educación superior, estatal y privada, que posibilite a las personas tomar elecciones libres e informadas. Como parte de la Red G9, desde instituciones como la Universidad Católica de la Santísima Concepción estamos nuevamente disponibles para aportar a una discusión de fondo sobre estas materias, tal como lo hicimos en el proceso anterior, cuando promovimos, con un amplio apoyo de casi 17 mil personas a lo largo del país, una “Iniciativa Popular de Norma” que se presentó a la Convención Constitucional. Y tal como en esa oportunidad, seguiremos abogando con fuerza y convicción por una Educación Superior inclusiva y diversa, con un sólido compromiso público, regional y que abogue por la formación de profesionales y producción de conocimiento de excelencia en beneficio de las actuales y futuras generaciones de nuestros territorios y el país en general.