FLORENCIA ÁLVEZ MARÍN
Abogada – Colectiva Justicia en Derechos Humanos

Luego de casi cien días de negociaciones se materializó el acuerdo que permitirá, durante el año 2023, la redacción de una nueva Constitución para Chile.

Son tres los órganos que participarán del proceso. El Consejo Constitucional, compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa, bajo sufragio universal y obligatorio; la Comisión Experta, conformada por 24 personas, 12 elegidas por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado. Este órgano redactará un anteproyecto que servirá de base a la discusión y redacción del nuevo texto constitucional. El tercer órgano será el Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 14 personas elegidas por el Senado en virtud de una propuesta que le formulará la Cámara de Diputados y Diputadas.

Así, de los 3 órganos que participarán en el proceso, dos están compuestos por miembros que serán elegidos por personas que, a su vez, fueron elegidas. El Acuerdo se refiere a ellos como “expertos” o personas de “destacada” e “indiscutible” trayectoria (sin que exista claridad sobre lo que eso significa), dejando en evidencia que se requiere algo más que ser ciudadano para integrarlos.

Se encienden las alarmas, pues es imperioso que el texto que los órganos de este proceso propongan a la ciudadanía goce de legitimidad. Para conseguirlo, la participación constituye un elemento esencial. Si el objetivo es que este proceso, por fin, nos otorgue un texto constitucional que satisfaga la demanda que, desde hace por lo menos una década, enarbola con fuerza la ciudadanía, es imprescindible que ella desde su origen la haga propia y se sienta parte. Un proceso en que la ciudadanía participe, desde todos los rincones de Chile. Pero, ¿que participe en qué?. El Acuerdo no hace mención a la obligatoriedad de establecer mecanismos de participación ciudadana. Considerando los últimos intentos constituyentes, el del 2016 y el de 2020, en que la participación a través de cabildos, encuentros o iniciativas de norma marcaron la pauta, la omisión de la participación en este Acuerdo, por un lado, y el énfasis en los expertos y las trayectorias intachables por el otro, parece una contradicción y hasta un retroceso. Una invitación a una mesa en la que no alcanzan las sillas para todos y todas.