Hace unos días, la empresa Claro Vicuña Valenzuela anunció el proceso de su liquidación voluntaria por un pasivo de 60 millones de dólares que no puede enfrentar, afectando miles de empleos y abandonando obras públicas relevantes en todo el país.

Como consecuencia de ello, más de 2.500 trabajadores perderán sus empleos, más de 1.500 emprendimientos se verán afectados y cerca de 30 obras públicas en ejecución, quedarán abandonadas, entre ellas, varias de la Región del Biobío.

Según explicó la empresa, el estallido social, la paralización de faenas por la pandemia, la incertidumbre de las inversiones por la cuestión constitucional, el encarecimiento de los materiales de construcción y las dificultades y lentitud administrativa para escuchar las reiteradas peticiones de reajustabilidad y de pago de obras ya ejecutadas, fueron los detonantes de esta solicitud de quiebra.

Sin pretender apuntar responsabilidades, que a todas luces parecen transversales, este es el resultado de no actuar a tiempo y su costo lo pagarán los trabajadores que quedarán desempleados, los pymes que pierden a su principal contratista y las ciudades que tendrán obras inconclusas, por varios meses o, peor aún, por años.

La Región del Biobío es una de las que será más afectada. La construcción del tercer tramo del Eje Colón en Talcahuano se paralizará y los habitantes de ese sector verán empeorada su calidad de vida por bastante más que lo comprometido. ¿Alguien los compensará por las calles destruidas y los tacos que se extenderán más de lo previsto? Probablemente no.

Por otro lado, en una situación ya casi inverosímil, se vuelve a detener la construcción del Puente Bicentenario, a esta altura, todo un símbolo de la postergación. Lo dramático de este último caso es que, habiendo comenzado su construcción a inicios de la década pasada, hace más de 10 años y transcurridos cuatro gobiernos, el puente aún está inconcluso.

Lamentablemente, además de las razones expuestas por la empresa, o los argumentos con que se defiende el Gobierno, lo que se esconde detrás de los problemas burocráticos, contractuales y económicos, es quizás uno más grave: el excesivo centralismo. Basta hacerse un par de preguntas para llegar a la misma conclusión: ¿Habría ocurrido esto si se tratara de obras emblemáticas en Santiago? ¿se imaginan un puente cayendo al vacío en plena Alameda, o a un costado del Río Mapocho? La respuesta categórica es no.

Álvaro Pillado Irribarra
Fundación Hacemos.