Alejandro Tudela Román
Presidente de Puertos de Talcahuano

Interesantes visiones se intercambiaron en el “Diálogo Regional: Desarrollo de la Infraestructura de Transporte y Logística de la Región del Biobío”, organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción y el Consejo de Políticas de Infraestructura, al cual tuve el honor de ser invitado en el panel “Necesidades, brechas y oportunidades de infraestructura de transporte y logística”.

A mi juicio, en ambos temas falta una prospectiva como país, un análisis para anticipar los requerimientos futuros. Por ejemplo, la disparidad en la asignación de recursos a nivel nacional radica en la ausencia de una mirada de largo plazo de hacia dónde queremos llegar.

Esa visión pasa, en primer lugar, por descentralizar. Esto es algo que nos cuesta a todas y todos. La mirada centralista no solo ha calado por décadas en los tomadores de decisiones en Santiago, estando también en nuestros representantes y representados. Sin embargo, cuando buscamos casos de éxito en el exterior, constatamos que en muchos países la administración es descentralizada; mientras, en Chile seguimos discutiendo, por ejemplo, por qué las empresas no pagan la mayor parte de sus impuestos en las comunas donde tienen sus operaciones.

En segundo lugar, y derivado de lo anterior, pero en el ámbito portuario, tenemos una ley de puertos que debe actualizarse, porque en zonas como ésta -la provincia de Concepción-  a los terminales marítimos del Estado les aplican medidas regulatorias distintas que a los privados, generando competencia desleal. A ello, sumemos la inexistencia de una política logístico-portuaria, lo que desemboca en que muchos productos de esta región, y las vecinas, sean exportados por terminales en la zona central y no por ésta, donde hay al menos cinco puertos de uso público con capacidad ociosa. Esto agrega costos extras a los productores, afectando su competitividad.

En tercer lugar, añoramos que el ferrocarril incremente su participación en el transporte de carga. Sin embargo, esto tiene un costo asociado a la segregación de la vía férrea y otras inversiones, al igual como el Estado lo ha venido haciendo con los modos alternativos. Si queremos que en los próximos años nuestro sistema logístico portuario sea más seguro y amigable con los ciudadanos, y más eficaz y atractivo para quienes movilizan la carga, debemos asumir dichos costos.