ALEJANDRA BURGOS
Alcaldesa de Curanilahue
¿Será que en Curanilahue y toda la provincia tenemos mala suerte? En abril de 2022, la Subsecretaría de Prevención del Delito realizó el lanzamiento oficial del Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP), el compromiso del Gobierno quedó plasmado en las palabras del Subsecretario Eduardo Vergara, “En Chile, el acceso a los recursos para prevenir delitos no puede depender de la concursabilidad”, lo que es replicado en diversos medios de circulación nacional.
Si bien, el Gobierno señala que este es el último año que se realiza el proceso a través de postulación, el compromiso explicitaba la equidad territorial entre comunas, e incluía, para este 2022 a lo menos: “que los recursos para seguridad estén donde más se necesitan, por lo que se considerarán factores sociales para su asignación”. Es en este contexto, en el que legítima y transversalmente los alcaldes y alcaldesas nos preguntamos: ¿Acaso el estado de excepción constitucional por razones de seguridad, en el que nos encontramos hace más de un año, o la definición de zona de rezago, no son razones suficientes para demostrar nuestra vulnerabilidad? Los problemas de la Provincia de Arauco siguen siendo invisibilizados desde el poder central, invitan al diálogo para descentralizar, sin embargo, desconocen los factores sociales que nos posicionan como una de las zonas más estratégicas para la inversión en prevención del delito.
Los alcaldes y alcaldesas no somos considerados como actores claves en la entrega de información del territorio. Si pudiera, habría señalado que Curanilahue está en el corazón de la Provincia de Arauco, que somos zona de articulación y paso, por naturaleza, para quienes transitan desde y hacia las principales ciudades de la región, pero también a las comunas rurales de Santa Juana, Nacimiento e inclusive Angol. ¿Podríamos ser un punto estratégico, o no? El discurso está quedando cada vez más borroso, falta claridad de las estrategias y criterios para entender cómo las autoridades, lejanas a los territorios, toman decisiones sobre nuestras necesidades.
Combatir la violencia rural no puede depender del azar. Los delitos que se apoderan de nuestra tranquilidad deben ser abordados de manera integral, aportando a cada territorio, no solo a los que son favorecidos por la tómbola que contiene factores sociales sacados de libros y no de la realidad, lo prioritario es que los vecinos y vecinas, trabajadores y trabajadoras (especialmente del rubro rural y forestal), emprendedores, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y toda la comunidad, tenemos el derecho de vivir, trabajar y estudiar en paz.