En Chile ser pobre, tener carencias afectivas maternas o paternas, tener algún familiar alcohólico o drogadicto, o haber sufrido algún tipo de abuso es, por estadística, lamentablemente “esperable”.
Francisco Fernández Sagardía
Abogado, Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Más de 2/3 de los privados de libertad en Chile han permanecido durante su infancia y/o adolescencia en instituciones dependientes del Sename. Un porcentaje mayor ha nacido y permanecido en la pobreza. Cierto es también que quienes hoy en día están “presos” han crecido en círculos de violencia, drogas, alcohol y abusos que probablemente muy pocos de los lectores de esta columna hemos vivido. Esto porque en Chile ser pobre, tener carencias afectivas maternas o paternas, tener algún familiar alcohólico o drogadicto, o haber sufrido algún tipo de abuso es, por estadística, lamentablemente “esperable”.
Lo que hace la diferencia es que la gran mayoría de la población penal ha sufrido todas o casi todas esas carencias, y han estado privados en su infancia de pisos mínimos como el calor, el amor y muchas veces el techo. Esto nos invita a cuestionarnos qué sucedería si “los ciudadanos de bien” hubieran tenido su misma historia, ¿hoy serían quienes son en la adultez? Muy probablemente no. Agreguemos que cuando el Estado ha debido hacerse cargo de esta infancia precaria, lo ha hecho a través de instituciones tan nefastas como el Sename. Es a esas personas a quienes como sociedad hemos decidido privar de libertad y, esa es su sanción, además de todas las otras sanciones fuera de la institucionalidad que han sufrido.
Entonces, ¿es justo que además se les prive de ejercer su derecho a sufragio?, francamente no. Y eso es lo que dice nuestra legislación actual. El artículo 13 de la Constitución de 1980, que se encuentra vigente es claro, y solo suspende el ejercicio de este derecho a quienes han sido condenados a pena aflictiva, por delitos terroristas o por tráfico de estupefacientes. A pesar esto, la administración del Estado, fácticamente, ha privado a cerca de 13.000 personas de ejercer su derecho estando habilitados para hacerlo, entre ellos quienes se encuentran en prisión preventiva y a quienes cumplen penas inferiores a 3 años y un día.