César Astete Durán
Director de las Campañas de Pesquerías Oceana

“Nuestro principal objetivo en el corto plazo será avanzar hacia la recuperación de pesquerías”, decía el programa de gobierno de Sebastián Piñera en 2017. Sin embargo, ya finalizada esa administración, desgraciadamente vemos que a la fecha no contamos con ningún programa de recuperación ejecutándose.

Un caso emblemático de esta demora se da con la merluza común. Dicha pesquería ha transitado entre el colapso y la sobreexplotación al menos desde 2004 y, pese a décadas de situación crítica, aún no se cumple el mandato legal de poseer un Programa de Recuperación afectando de manera directa a quienes menos porcentaje de captura poseen, la pesca artesanal.

La recuperación de pesquerías es un concepto desarrollado a partir de la fragilidad y sobre pesca de la mayoría de los stocks mundiales. Consiste básicamente en tratar, a partir de distintas acciones de política pública, que la extracción no sea superior a la capacidad de las especies y sus ecosistemas de cumplir sus ciclos vitales de reproducción. Desafortunadamente, en Chile no estamos navegando en la dirección correcta.

Actualmente, de las cerca de 200 especies comercializadas en el país, sólo contamos con información de 28, y de estas 28, un 57% se encuentra sobre explotada y/o colapsada1. En las restantes, la incertidumbre sigue siendo mayor al conocimiento que tenemos y se registran avances en algunas más que en otras. En el caso de las algas pardas, una de las actividades pesqueras con mayor expansión en los últimos tiempos, se carece de información relevante para su administración. El informe de situación de pesquerías señala que se considera, a pesar de su importancia, como una pesquería de “data pobre”.

La Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) considera que para aquellas pesquerías sobreexplotadas o agotadas se debe elaborar un programa de recuperación que considere factores ecológicos, pero también económicos y sociales. Sin embargo, esto no se ha materializado según lo establecido. Tanto es así que la propia Contraloría General de la República debió realizar una revisión administrativa y poner una alerta de incumplimiento de plazos y fijar un cronograma para su promulgación.

Organizaciones de la sociedad civil como la nuestra, que trabaja desde la ciencia para impulsar políticas públicas, no tenemos certeza de por qué la administración pasada no fue capaz de cumplir con su programa de gobierno, ni con lo estipulado en la Ley de Pesca, ni tampoco con el pronunciamiento que emana desde Contraloría.

En medio de este crítico escenario, probablemente la única excepción sean los avances que ha dado el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), en materia de fiscalización pesquera y el cuidado de nuestro mar. Un logro importante es que a partir de la certificación de desembarques que está en manos de este servicio, se logró reducir la fauna acompañante en las pesquerías de pequeños pelágicos en el centro sur de Chile a un histórico 5%. Así como también puso a disposición de la ciudadanía los datos de todas aquellas embarcaciones que usan sistemas de posicionamiento satelital.

Esperamos que las nuevas autoridades pesqueras puedan asumir con prioridad esta tarea, pues la recuperación de pesquerías es una de las mejores medidas de manejo existentes a nivel mundial. El caso del jurel demuestra aquello. Todos los años esta pesquería, que se administra en la Organización Regional del Pacífico Sur, muestra mejorías a nivel biológico lo que permite una mayor captura en cada uno de los países involucrados. Seguir buenos ejemplos y elaborar un Plan de Acción deben ser medidas urgentes. La protección de los océanos y la recuperación de pesquerías no pueden seguir esperando cuatros años más.