Se hace cada vez más evidente que la actual infraestructura presente en la gran mayoría de los colegios de nuestro país requiere con URGENCIA una modernización y un rediseño sustancial a través de una política de estado que permita responder a las nuevas necesidades de la educación del siglo XXI.
Ma. Isabel Rivera,
Investigadora de CEDEUS y profesora Asociada del Depto. de Arquitectura, de FAUG UdeC
A tres semanas del inicio del año escolar y el retorno de clases presenciales en la totalidad de lo establecimientos de educacionales de nuestro país, se observa con preocupación el aumento de casos de Covid-19 así como también los distintos brotes en colegios. Esto ha puesto en tela de juicio el retorno seguro a la presencialidad obligatoria del Plan “Paso a Paso”.
La vuelta a clases a presenciales ha mostrado las dos caras de la moneda. Por un lado, un gran anhelo de nuestros estudiantes de poder volver a re-encontrarse o conocerse por primera vez con sus compañeros y docentes. Por otro lado, para muchos se ha convertido en una gran incertidumbre y estrés, en particular para apoderados y docentes, al no tener protocolos claros de cómo se visualiza este retorno y medidas de acción.
Los establecimientos educacionales han tenido que desarrollar sus propios protocolos internos sin orientación técnica y profesional que les permita por ejemplo determinar con claridad las alertas Covid o la suspensión de clases de un curso o el cierre de un establecimiento debido a los brotes.
Durante estos dos años, poco y nada se ha escuchado desde el Ministerio de Educación y de Salud sobre la inyección de recursos para el re-acondicionamiento de salas de clases u otros espacios de aglomeración en colegios y Universidades para la reducción de contagios. En la mayoría de las salas de clases en Chile, el ventilar sucede sólo a través del abrir puertas y/o ventanas, con limitada posibilidad de ventilación cruzada o la existencia de sistemas complementarios que permitan renovar el aire viciado con aire limpio del exterior. Las autoridades han establecido un máximo permitido de 700 ppm (partículas por millón) de niveles de CO2 para reducir los contagios en espacios cerrados. Pero uno se pregunta ¿Cómo cada colegio va a controlar dichos niveles CO2 con la actual precariedad en infraestructura que existe actualmente? En muchas salas de clases el abrir ventanas no es factible por la mala mantención en la que se encuentran. Adicionalmente, el tener una buena ventilación compromete el bienestar de los alumnos y profesores de sentirse confortables sobre todo en las primeras horas de la mañana, algo que será cada vez más notorio cuando las temperaturas exteriores sean más bajas. Poco o nada se escucha de implementar sistemas de ventilación complementarios como purificadores de aire o sistemas de ventilación mecánicos con sistemas de calefacción. Adicionalmente, solo algunos colegios han podido adquirir e instalar equipos de monitoreo de CO2 en sus salas de clases, de forma de alertar al profesor y a los estudiantes que las condiciones de la calidad del aire están siendo comprometidas.
Si a esto le sumamos que no se contempló ningún protocolo para los establecimientos educacionales de jornada completa sobre qué medidas tomar a la hora de las colaciones y almuerzos de los alumnos(as) para reducir los contagios, se hizo más evidente la completa desconexión con la realidad que existe en los colegios y Universidades desde las autoridades.
Se hace cada vez más evidente que la actual infraestructura presente en la gran mayoría de los colegios de nuestro país requiere con URGENCIA una modernización y un rediseño sustancial a través de una política de estado que permita responder a las nuevas necesidades de la educación del siglo XXI, donde se fomente bienestar, salud y el aprendizaje de nuestros estudiantes como de nuestros profesores.