Ana Araneda Gómez
Consejera Regional

Actualmente vivenciamos distintas crisis de cortos, medianos y largos plazos. Una de éstas, es transversal y de todo alcance como es el deterioro de la naturaleza, que incluye el aumento de la contaminación, la pérdida de hábitat-biodiversidad y la disminución de recursos tan vitales como es el agua, provocado por el mayor desarrollo humano y su industrialización, derivando en niveles crecientes de emisiones de gases de efecto invernadero, uno de los principales contribuyentes al cambio climático.
La opinión consensuada de los investigadores es que las organizaciones, industrias y Estados deben adoptar prácticas sostenibles y comenzar acciones de mitigación para disminuir y prevenir las emisiones actuales de gases de efecto invernadero y evitar aumentos adicionales; sin embargo, esta solución adopta diversos matices al cruzar el prisma desde las recomendaciones hacia las acciones, aflorando diversos intereses y dificultando la toma de decisiones.

Lamentablemente, pese a lo urgente que es encontrar soluciones y aplicarlas para que permitan la sostenibilidad de la vida humana en el corto y largo plazo, aún hay disenso en esta materia y pareciera que a pesar de los esfuerzos que se están realizando, y los avances que se han alcanzado, aún será necesario buscar herramientas que permitan masificar esta necesidad y sus soluciones. El desafío inicia cuando las voluntades de los tomadores de decisiones se consensuan a nivel local, bajo las necesidades socioambientales presentes.

Una herramienta posible para optar a competencias y atribuciones desde los territorios y la institucionalidad, es la elaboración y aplicación de una política ambiental regional que permita fortalecer las capacidades de la institucionalidad pública regional, de las entidades privadas y de la sociedad civil, abordando nuestro escenario ambiental actual y futuro con miras a alcanzar un desarrollo sustentable que garantice una mejor calidad de vida para los habitantes de la región del Biobío.
La necesidad de poder contar con una política ambiental regional cumple a que cada región muestra una realidad ambiental especifica en la gestión de sus elementos naturales y potencialidades, en la diversidad y magnitud de los problemas que debe enfrentar, en las capacidades y compromisos de sus instituciones y en la población, factores que inciden fuertemente en planificación del territorio. Así es de suma importancia que estas herramientas estén encaminadas con la nueva constitución y su legislación, para que su cumplimiento sea efectivo a través de reglamentos si la nueva constitución no lo permite como ley.

En este sentido, las estrategias y políticas regionales adquieren gran relevancia, ya que logran recoger las particularidades de cada territorio y desde este escenario plantear orientaciones del accionar regional y local, en un determinado ámbito. En particular para las políticas de medio ambiente, la integración de la comunidad desde la formulación, en su implementación y seguimiento, adquiere una fuerza especial ya que se reconoce que son los habitantes del territorio quienes mejor conocen sus problemas ambientales y cómo avanzar hacia la solución de éstos. El desafío ahora es nuestro, autoridades y comunidad, es hora de trabajar en lo urgente.

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