En Chile, el 8 de marzo de 2022 se encuentra entre el seguimiento de la crisis internacional, el proceso constituyente y la proximidad de un nuevo gobierno. Parece entonces una oportunidad para recordar acá también esa Agenda.
Ximena Gauché Marchetti
Abogada. Universidad de Concepción.
Profesora Asociada de Derecho Internacional, Derechos Fundamentales y Género
Directora del Proyecto de Investigación FONDEF “Justicia y Género” y del Programa Foro Constituyente UdeC
El 8 de marzo fue proclamado en 1977 por la Asamblea General de la ONU como el “día internacional por los derechos de la mujer y la paz internacional”. Se busca con ello resaltar la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos, además de mantener en la memoria la tragedia en que un grupo de mujeres perdió la vida luchando por tales derechos.
Así, cada marzo suele mostrar marchas y manifestaciones para visibilizar que, si bien hay avances, las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación y violencia y que siguen sin alcanzar el goce efectivo de derechos, especialmente en los ámbitos social, económico y ambiental. Prueba de ello es que en este 2022 ONU Mujeres conmemora la fecha bajo el lema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”, reconociendo así el vínculo esencial que existe entre género, equidad social y cambio climático y que, sin igualdad de género, el futuro sostenible y equitativo seguirá estando fuera de alcance.
Además, marzo de 2022 se encuentra con una crisis internacional de naturaleza y efectos inciertos. No es posible para nadie predecir con certeza cómo cambiará el mundo luego de los enfrentamientos bélicos y diplomáticos que Rusia está provocando y de las tensiones que vive un sistema internacional desafiado en sus pilares centrales en relación con la paz, la seguridad y el uso de la fuerza o la amenaza de ella.
En ese contexto mundial para el 8M, un tema casi olvidado es la llamada “Agenda Mujeres, Paz y Seguridad” creada a partir de la Resolución N° 1325/2000 del Consejo de Seguridad de la ONU a favor de la plena vigencia de los derechos de las mujeres y niñas, desde el reconocimiento de los graves impactos y sufrimiento adicional que les toca en contextos de conflicto armado y situaciones post conflicto (incluso nacionales) y que se ha ido desplegando a través de la adopción de una serie de resoluciones del mismo Consejo, proponiendo un conjunto de medidas para mitigar tales impactos.
En Chile, en tanto, el 8 de marzo de 2022 se encuentra entre el seguimiento de la crisis internacional, el proceso constituyente y la proximidad de un nuevo gobierno. Parece entonces una oportunidad para recordar acá también esa Agenda.
Es una oportunidad por cuanto un enfoque de género vinculado a las temáticas de seguridad, defensa y fuerzas armadas no aparece entre aquellos temas que se suelen individualizar como objetos de regulación constitucional. Efectivamente, los temas de preocupación que aparecen en esta área suelen ser la presencia de las fuerzas armadas en la Constitución, el reconocimiento de su misión (por ejemplo, en estados de excepción constitucional), la subordinación de estas fuerzas al poder civil, la exclusividad de las instituciones de fuerzas armadas sobre la posesión de armas, el concepto de seguridad nacional y la institucionalidad. La agenda internacional de paz y seguridad puede aportar luces en tales materias constitucionales y en otras relacionadas. Tal es el caso de la justicia, de cara a favorecer esa perspectiva de género que hoy apuesta a ser parte de la nueva Constitución, por ejemplo, en el derecho a una reparación que incluya formas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, en circunstancias extraordinarias de conflictos internos con víctimas civiles.
Para un nuevo Gobierno, considerar la existencia de la “Agenda Mujeres, Paz y Seguridad” de la ONU parece coherente en su diplomacia y política exterior con recordar que Chile fue el primer país del continente en elaborar e implementar un Plan de Acción Nacional como forma de cumplir la Resolución N° 1325 ya referida; tuvo un Segundo Plan de Acción Nacional y podría discutir seriamente elaborar un Tercer Plan que ayude frente a las incertidumbres que hoy la realidad internacional impone para la seguridad de mujeres y niñas.