Nicolás Díaz Carrillo
Abogado de Colectiva – Justicia en Derechos Humanos.

Avanza el debate sustantivo de un nuevo texto constitucional en la Convención Constitucional y durante estos días jueves y viernes se debatirán las normas del primer informe de la Comisión de Medioambiente, junto con las propuestas de reemplazo al primer informe de la Comisión de Forma de Estado respecto de las normas de este que no alcanzaron mayorías suficientes.

Sin embargo, estas dos perspectivas en que resurge el debate de la participación, aunque medulares, no son las únicas. Esta se expande como un elemento clave que articula soluciones para diversos problemas y nuevos y viejos escenarios: la falta de legitimidad del sistema político, el mayor empoderamiento y flujo de información en la sociedad actual, la pertinencia territorial en las políticas públicas y los servicios básicos, la decisión sobre proyectos y actividades de afectación medioambiental, etc. Todo esto requiere simultáneamente de una consagración coherente como derecho humano, con estándares y principios mínimos para los mecanismos que permiten su ejercicio y competencias claras de las nuevas estructuras de poder descentralizado.

En este marco, se debaten hoy en la Convención propuestas tales como: la vinculación entre la “mejor evidencia científica” y la promoción de la participación ciudadana en la elaboración de planes e instrumentos para enfrentar la crisis climática; que el deber Estatal de protección de la naturaleza se materialice a través de la participación y la consulta indígena; el carácter público y transparente de la participación de las comunidades en la toma de decisiones; una democracia ambiental basada en el derecho de participación vinculante e incidente, etc.

La crisis política que originó la necesidad del proceso constitucional en curso tiene como antecedentes ejemplares el “estallido” recurrente de diversas zonas de sacrificio en nuestro país y el clamor de mayor poder para las regiones y provincias: Freirina, Quintero-Puchuncaví y Chiloé son sólo los casos de mayor cobertura mediática. Sólo en la Región del Biobío el pasado domingo se realizó una consulta ciudadana no vinculante en la comuna de Penco, para pronunciarse sobre el proyecto minero de extracción de tierras raras “ex Biolantánidos”. Todo ello después de que el proceso de participación previo – consagrado en nuestro sistema de evaluación ambiental fue acusado por autoridades y ciudadanía de no cumplir con estándares suficientes en su convocatoria.