
Temas emblemáticos son, por ejemplo, las “zonas de sacrificio”; la gestión del recurso hídrico; o el crecimiento desbordado de las ciudades.
Claudia Toledo
Jefa de División de Planificación y Desarrollo Regional
Gobierno Regional del Biobío
La promulgación de la Ley 21.074 generó una gran expectativa: contar con un marco normativo claro en materia de ordenamiento territorial. Esto pondría fin a todos aquellos infructuosos procesos de formulación de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (Prot). Las regiones (aún sin tener una claridad normativa) avanzaron en formular estos instrumentos desarrollando metodologías propias y participativas para dar respuesta al permanente conflicto del uso del territorio.
Temas emblemáticos en la materia son, por ejemplo, las “zonas de sacrificio”; la gestión del recurso hídrico; la intensidad productiva y su respectiva capacidad de carga y el crecimiento desbordado de las ciudades.
El retraso en la implementación del Prot radica hoy en la falta de su reglamento, sumado a otros factores históricos, tales como la estructura administrativa del Estado, caracterizada por el excesivo centralismo y compartimentalización en la toma de decisiones.
Esto, ha incidido en la fragmentación de funciones, existiendo multiplicidad de instrumentos en materia territorial (normativos e indicativos), amparados bajo distintas regulaciones y bajo la supervisión de órganos diversos, en ausencia de un sistema integrado de planificación territorial.
Otro factor es la focalización normativa en los territorios urbanos, con una serie de instrumentos disponibles, en desmedro de los territorios rurales, que solo a partir de la implementación de Prot podrán resolver, en parte, sus problemáticas actuales.
Finalmente, se suma la discontinuidad de los procesos de planificación que surgen en cada nueva administración de gobierno, lo que se traduce en la detención de la planificación, con la consiguiente pérdida de confianza, en especial de las organizaciones sociales hacia estos procesos.
Biobío fue ejemplo de esto, se logró aprobar en el Consejo Regional una versión del Prot en 2018, la cual nunca pudo ser implementada por la discontinuidad en la etapa de Evaluación Ambiental Estratégica, no logrando cerrar lo iniciado por el actual gobernador regional, Rodrigo Díaz, y que nos tendría en un mejor pie para responder a las demandas ciudadanas que surgen a partir de diversos conflictos territoriales.
Esperamos en el futuro y con la posterior actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo, en la cual trabajamos desde hace meses como Gobierno Regional, dotar del tan anhelado Prot a la comunidad del Biobío, entregando una visión clara respecto del uso del territorio y así contar con mejores herramientas para apoyar la toma de decisiones.