Rodrigo Castillo
Abogado – Colectiva en Derechos Humanos
Magíster en Derecho Público

El debate constitucional en el marco de la Convención ha entrado en semanas claves, con el inicio de la aprobación en general de normas en el pleno de este organismo. Ello trae a la palestra un necesario ejercicio de discusión a nivel público, con las consiguientes esperanzas e impulso a la participación, así como también, aprehensiones (legítimas o impuestas) en torno al contenido de este debate.

Como orientación en este tipo de procesos, Roberto Gargarella, académico y constitucionalista argentino, identifica en su más reciente obra “El derecho como una conversación entre iguales” (2021), seis elementos centrales de la revitalización de los sistemas democráticos, especialmente frente a las crisis de legitimidad que atraviesan diversos países. Entre estos: la existencia del desacuerdo, la deliberación, el interés público, la inclusión, la discusión en igualdad, y el diálogo abierto y continuo. Nos referiremos a estos tres últimos elementos.

En lo que respecta a la inclusión, el proceso constituyente actualmente en curso, plantea el desafío de considerar la capacidad de influencia en el debate de todos los sectores del país, cuestión que en esta oportunidad ha sido promovido por el carácter plurinacional y paritario de la Convención. Sin embargo, ello implica también un esfuerzo más allá, en el sentido de abrir los medios de comunicación, las herramientas institucionales y orientar el trabajo de la sociedad civil en la difusión y comprensión del contenido de los debates.

En cuanto a la discusión en un plano de igualdad, implica en estos momentos calibrar de manera honesta las diferentes opiniones, y valorar la construcción de mayorías, más allá de los esquemas tradicionales que este concepto ha tenido en nuestro país. Esto porque la existencia histórica de categorías de exclusión (en razón del origen nacional, social, del sexo o de la edad de las personas), nos han llevado a sub representar en muchas ocasiones, la voz de amplios sectores sociales que hoy deben ser relevados en este debate.

Finalmente, en lo que respecta a la existencia de un diálogo abierto o contínuo, es necesario valorar el proceso constituyente (y el texto que será sometido a plebiscito) como un primer paso, una base del diálogo de las próximas décadas, pero que debe contemplar tanto los mecanismos institucionales de reforma, para ajustar los aspectos necesarios, como también, dar una base de interpretación que permita la evolución del texto de acuerdo a los desafíos y nuevas perspectivas que surjan.

La consideración por estos elementos de una “conversación entre iguales” para el actual proceso constituyente, pueden contribuir a equilibrar y aterrizar el desarrollo del debate tanto al interior de la propia Convención como a nivel de la sociedad civil.