Regiones y una nueva Constitución

Se hace necesario que las regiones tengan un espacio relevante en la estructura del Estado, esto es, que tengan representación y participación efectiva en algunos procesos esenciales del Estado central.

Carlos Maturana Toledo
Doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional
Universidad de Concepción. Programa de Estudios Europeos.

Una nueva Constitución para Chile debería abordar, como mínimo, tres desafíos esenciales, para construir un adecuado soporte a una renovada institucionalidad.

En primer lugar la reformulación del catálogo de derechos fundamentales; enseguida la revisión de la forma de gobierno, reemplazando, o atenuando sustancialmente, el presidencialismo exacerbado que nos rige; y, por último, la revisión de la forma de Estado, dando un decidido impulso a la regionalización y superando los tímidos esfuerzos que se han desplegado para transferir poder real a las regiones.

Desde esta última perspectiva, es primordial comprender que una nueva Constitución debe consagrar un sistema de efectiva transferencia de potestades, competencias y recursos a las entidades subnacionales, de modo que las regiones y comunas puedan ser, efectivamente, protagonistas de su desarrollo.

En este mismo sentido, se hace necesario que las regiones tengan un espacio relevante en la estructura del Estado, esto es, que tengan representación y participación efectiva en algunos procesos esenciales del Estado central. Así, resulta interesante destacar una de las propuestas surgidas en la Cumbre de la Regiones 2021, organizadas por Corbiobío, que postula la creación de un órgano de representación de las regiones (un Consejo o Cámara de las Regiones), que pudiera actuar en el proceso legislativo, con iniciativa legislativa y competencia para presentar indicaciones, en materias que les incumbieran directamente. De la misma manera, esta nueva institución debería intervenir en la generación de los principales órganos constitucionales, como, por ejemplo, en la designación del Contralor General de la República, de los integrantes del Tribunal Constitucional, si se mantiene esta magistratura, o de los miembros del Consejo Nacional de Televisión. Esta institucionalización de las regiones permitiría crear una vía de doble sentido, donde las regiones no serían solo receptoras de normas, políticas y recursos del Estado nacional, sino que también contribuirían a estructurarlo.

Incluso es posible ir más allá, y considerando que se evalúa la alternativa de un Congreso unicameral, es perfectamente posible plantear la transformación del Senado en esta cámara de representación regional, desvinculándolo de manera importante del proceso legislativo general y cambiando algunos aspectos estructurales, como su integración y generación.