Dra. Carola Salazar Norambuena
Académica Departamento de Ciencias Sociales
Investigadora OES-UCSC.

El 8 de diciembre, el presidente anunció el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU). Esta iniciativa busca mejorar las pensiones a través de un aumento progresivo, dependiendo del nivel de vulnerabilidad socioeconómica de las personas jubiladas. Para propósitos de esta columna, enfoquémonos en el grupo más vulnerable: para el 80% más pobre de la población mayor de 65 años, esto implica que en vez de recibir los $176.000 mensuales por la Pensión Básica Solidaria (PBS), recibirán $185.000 por la PGU. Es decir, una diferencia de $9.000 mensuales.

En Chile, el sueldo mínimo depende de la edad de los trabajadores: para las personas mayores de 65 años en este año la cifra asciende a $251.934. Esto significa, que aún con el nuevo proyecto de Pensión Garantizada Universal, las pensiones para las personas mayores más vulnerables aún no alcanzan el sueldo mínimo.

Con esto, se evidencia la deuda histórica que Chile tiene con sus personas mayores: a pesar de las variadas reformas que diferentes gobiernos han realizado al actual sistema de pensiones, aún no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de este grupo etario. El sistema de capitalizaciones individuales administradas por AFP fue creado en noviembre 1980, en un Chile donde la expectativa de vida al nacer apenas alcanzaba los 69 años. Otro dato: hoy esta cifra es 76 años para hombres, y 81 para las mujeres.

Tal vez ya llegamos al momento de abordar esta deuda histórica con otro enfoque: en vez de sumar reformas a un modelo que evidencia su obsolescencia, se debe crear un nuevo sistema de pensiones, que finalmente, reconozca la contribución de las personas mayores al progreso de nuestro país.