Kimberly Nicole Iglesias Morales
Abogada, Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica.

El pasado viernes 08 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció que el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano, instando a los estados a trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil en su implementación.

Esto viene a reconocer un panorama indiscutible: hablar de la crisis climática equivale a hablar de crisis de derechos humanos, pues entre ambos existe un vínculo directo.

Actualmente, el cambio climático, y en general la degradación del medio ambiente, constituye una de las principales amenazas a la salud y la calidad de vida de las personas, no por nada la OMS (Organización mundial de la salud) alertaba en el año 2018 que aproximadamente el 90% de las personas de todo el mundo respira aire contaminado, falleciendo alrededor de 7 millones de personas cada año por la contaminación del ambiente, siendo los más afectados las mujeres y niños. Estos últimos son quienes contribuyen en menor medida a la degradación del medio ambiente y quienes sufren las peores consecuencias pues, a lo menos medio millón de niños menores de 5 años mueren cada año por causas relacionadas al cambio climático.

La crisis ambiental global es real y amenaza el derecho a la vida de las personas, encontrándose, además, dentro de las peores consecuencias del mismo, la escasez de agua, inundaciones, sequías y condiciones meteorológicas extremas alrededor de todo el mundo.

Luego, si bien las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos no son jurídicamente vinculantes, estas vienen a constituir un cambio de paradigma y compromisos políticos relevantes que en general, desembocan en resoluciones dictadas por la Asamblea General de la ONU en el mismo sentido. Ejemplo de lo anterior es lo que se concretó con la resolución 62/292 del año 2010 a través de la cual se reconoció el derecho humano al agua, hecho catalizador para que los gobiernos del mundo consagraran en sus constituciones este derecho, situación en la que nuestro país se encuentra al debe.

En este sentido cobra relevancia el contexto político de nuestro país y en especial, la labor que se está llevando a cabo en la Convención Constitucional, la cual declaró, en las semanas anteriores, que la nueva Constitución en nuestro país se escribe bajo un contexto de emergencia climática, centrando en el debate uno de los principales puntos de partida en la misma: la conciencia de la crisis ambiental global y la necesidad de incorporar y discutir en torno a la manera en cómo serán abordados el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible y la consagración del derecho humano al agua.