José A. Abalos
Director Ejecutivo
Agrupación de Universidades Regionales de Chile (AUR)

El desarrollo de la humanidad ha ido de la mano con los avances en educación. Sabido es que los países que han logrado un mejor bienestar para sus habitantes, son los que más se han preocupado de asegurar una educación de calidad y para todos sus habitantes.
En Chile muchas comunidades locales, en ausencia de respuesta estatal, decidieron levantar sus propias escuelas y asegurar para sus hijas e hijos una educación que les permitiera aspirar a un desarrollo personal mejor que el de sus progenitores. También muchas instituciones de educación superior surgieron gracias a movilizaciones y al férreo compromiso de sus habitantes.

La naciente república y la consolidación del Estado y la sociedad chilena fueron de la mano con la creación de leyes e instrumentos que lenta, pero tenazmente iban en la dirección de darle a la educación el lugar que todos estimaban se merecía. En el contexto de un país pobre y un Estado débil, el siglo XX fue testigo de importantes avances para asegurar una creciente cobertura territorial y social, valorar el trabajo de maestras y maestros y, entre otras una educación de mayor calidad y pertinente a los desafíos de su época. No se dudaba que el Estado era el responsable de dicha noble función.

El golpe militar y las políticas implementadas a partir de 1973 alteraron profundamente las bases en las que históricamente Chile había concebido y construido su camino al desarrollo. El mercado sería el principal agente para orientar el progreso futuro del país, y el Estado sólo actuaría en aquellas áreas donde el primero no demostrase interés o lo hiciera en malas condiciones.

Desde el retorno a la democracia en 1990 varios gobiernos han hecho importantes esfuerzos por impulsar la educación y subsanar las consecuencias de esta política. Tales esfuerzos no han impedido que educación sea sinónimo de segregación social, económica y territorial, e insatisfactorios niveles de calidad. La crisis de la educación tiene varios componentes. Uno es la persistente deserción laboral de las y los docentes debido a malas condiciones de trabajo, de remuneraciones, baja valoración social y profesional, y ejercer su labor bajo permanente evaluación de autoridades y su entorno. La caída sistemática, desde hace una década, de ingreso de estudiantes a las pedagogías, o su abandono a los pocos años de estudio, es una segunda dimensión del problema, tan grave como la primera.

Un tercer factor de esta crisis es la creciente dificultad de muchas universidades por mantener las carreras de pedagogía. Así, bajos aranceles, decreciente matrícula y exigencias de acreditación están haciendo inviables financieramente la formación docente, la que cada año demandan mayores subsidios cruzados desde otras carreras.

Un cuarto componente es el impacto regional diferenciado de esta crisis. En efecto, todos los indicadores tipo Simce, de selección universitaria y otros, muestran una brecha entre Santiago y regiones. Asimismo, la deserción laboral de docentes es más negativa en las zonas extremas o de menor población, pues muchas veces deriva en fuga de talentos a otras regiones. Finalmente, la caída de la matrícula es más grave en universidades y carreras que por razones de demografía local tiene un bajo número de estudiantes.
La crisis de la educación tiene éstas y otras dimensiones, cuyo abordaje debe ser multisectorial y, sobre todo, desde un paradigma completamente distinto al que ha imperado en Chile ya por demasiado tiempo. Si bien, recuperar la educación chilena no será tarea fácil ni factible de lograr en poco tiempo, hay varios elementos que pueden ayudar.

Uno es que en la agenda publica nacional la educación pase de la retórica a una efectiva reformulación de las políticas, estrategias e instrumentos. Si bien, esto podría implicar recursos frescos, dos consideraciones pueden plantearse: redestinar los miles de millones de dólares que el país entrega en subsidios o exenciones a sectores que no lo merecen y, segundo, considerar que la educación es la mejor inversión que puede hacer Chile. Así lo ven los países desarrollados.

Segundo, la crisis educacional también ha afectado a otros países que, con grandes esfuerzos, han logrado revertir la situación. Sin obviar todas las diferencias con nuestro contexto, hay lecciones de la experiencia internacional que pueden evaluarse y, con los ajustes necesarios, adecuarse a nuestra realidad.

Tercero, si la crisis de la educación es más acentuada en regiones, esto demanda medidas con foco territorial. Una alternativa son las políticas de atracción y retención que reviertan la deserción profesional y la fuga de talentos hacia otros lugares. Esto pasa, por ejemplo, por velar que las remuneraciones asuman los mayores costos de vida en muchas regiones –como salud o vivienda-, y también asegurar posibilidades de desarrollo académico y profesional –becas, cursos de posgrado, entre otras-.

Cuarto, todo lo anterior demanda una nueva mirada y una efectiva valoración al esfuerzo que las universidades regionales hacen en el tema. Forman el 40% de los estudiantes de pedagogía, tienen el 44% de los programas de pregrado, hacen un aporte fundamental en la investigación disciplinar, tiene una amplia oferta de posgrado -magísteres y doctorados-, y realizan una sistemática colaboración con el entorno –servicios de educación, municipalidades, comunidades-.

Tenemos la convicción que, las autoridades regionales electas y los temas que se plantean en la Convención Constituyente abren una puerta para iniciar de verdad una gran discusión sobre el tema y, especialmente, redefinir los nuevos caminos que necesariamente debe transitar la educación en un país que lo tiene todo para ser desarrollado. Y en ese propósito nuestras universidades regionales estarán en la primera línea.